Weretilneck subsidia con fondos millonarios a una empresa de Cristóbal López y estalla la polémica

El gobierno de Río Negro otorgó un subsidio millonario a Álcalis de la Patagonia, la empresa de Cristóbal López, y desató una fuerte controversia política. La planta industrial ubicada en San Antonio Oeste recibirá más de 4.000 millones de pesos en cinco cuotas mensuales hasta septiembre, en el marco del programa provincial “Hacer Río Negro”.

La ayuda económica fue justificada como una medida para sostener el empleo y la producción ante el aumento de costos del gas y la apertura de importaciones. Desde la administración de Alberto Weretilneck argumentaron que Alpat representa el 50% de la economía local y emplea a unas mil personas, de manera directa e indirecta.

Pero el subsidio generó una ola de críticas por parte de la oposición, que acusa al gobernador de beneficiar a empresarios cercanos al poder. La diputada nacional Lorena Villaverde (La Libertad Avanza) apuntó directamente contra Weretilneck y cuestionó el uso de fondos públicos para rescatar al Grupo Indalo, liderado por un empresario con antecedentes judiciales.

“Subsidios a medida para los amigos del poder”, denunció Villaverde. La legisladora remarcó que “se rescata con fondos provinciales a Cristóbal López, un empresario con antecedentes judiciales por evasión” y vinculó la medida con lo que llamó “otro negocio político disfrazado de política de empleo”.

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Villaverde también recordó que López fue procesado durante el kirchnerismo por evasión a través de Oil Combustibles, y aseguró que estas prácticas “reproducen el modelo de corrupción que Milei intenta desarticular a nivel nacional”. Su mensaje tuvo fuerte repercusión en redes sociales y fue replicado por sectores libertarios y dirigentes locales de la oposición.

Desde el Ejecutivo rionegrino salieron a responder. Aseguraron que la transferencia busca “preservar la fuente laboral en una ciudad altamente dependiente de la industria química” y evitar el cierre de “la única planta productora de carbonato de sodio de América Latina”.

El subsidio equivale a unos 617 mil dólares mensuales, transferidos entre mayo y septiembre. Según fuentes oficiales, el dinero se destinará exclusivamente al pago del servicio de gas natural, que representa cerca del 50% de los costos operativos de la compañía.

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El programa “Hacer Río Negro” exige a las empresas beneficiadas cumplir una serie de condiciones. Entre ellas, mantener la totalidad de las relaciones laborales, presentar un flujo de fondos proyectado y permitir la supervisión de veedores externos. Uno de ellos fue designado por la Secretaría de Trabajo.

Desde el oficialismo provincial buscan desligar la asistencia de cualquier vínculo político con el empresario beneficiado. En privado, funcionarios aseguran que la planta ya había reducido su producción y que sin este auxilio, el impacto social en San Antonio Oeste sería “devastador”.

No es la primera vez que Alpat queda en el centro del debate. A lo largo de los últimos años, la empresa recibió créditos y beneficios fiscales bajo distintos gobiernos, lo que alimenta sospechas sobre su vínculo con el poder.

El perfil de Cristóbal López, empresario ligado históricamente al kirchnerismo, agrega tensión al escenario político. La oposición rionegrina denuncia favoritismo y discrecionalidad en la asignación de fondos, y anticipa pedidos de informes en la Legislatura.

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“Mientras los hospitales no tienen insumos y los patrulleros están rotos, Weretilneck gira millones a una empresa kirchnerista con tu plata”, disparó Villaverde. La diputada cuestionó la “prioridad” del gobierno y exigió “transparencia total” en el manejo del programa.

En paralelo, dirigentes sindicales de la planta respaldaron el subsidio. Argumentaron que “está en juego la continuidad laboral de cientos de familias” y pidieron que “no se haga política con el pan de los trabajadores”.

La polémica sigue creciendo y abre un nuevo capítulo en la relación entre política, empresarios y fondos públicos. Con el antecedente de causas judiciales y una economía tensionada, el subsidio a Alpat amenaza con convertirse en un escándalo nacional.