Escándalos en el Poder Judicial de Tierra del Fuego: pornografía infantil, choque y fuga

La Justicia de Tierra del Fuego atraviesa una de sus semanas más turbulentas, sacudida por una serie de denuncias que involucran directamente a integrantes del Superior Tribunal. El caso más grave tiene como protagonista a un juez señalado por tenencia de pornografía infantil, tras un aviso enviado por la propia empresa Google, que detectó el contenido en una computadora vinculada al magistrado.

El hecho fue denunciado por la compañía tecnológica a través de los canales de denuncia de delitos informáticos, como ocurre en casos donde sus sistemas identifican material ilegal en servicios asociados a sus plataformas. La gravedad del caso no radica solo en el contenido denunciado, sino también en la presunta desaparición de un correo electrónico que contenía pruebas clave, lo que alimenta sospechas de maniobras de encubrimiento dentro del sistema judicial.

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Mientras avanza la investigación, la comunidad fueguina espera respuestas sobre cómo pudo haberse extraviado una prueba de semejante importancia, y qué medidas tomarán las autoridades judiciales para esclarecer el hecho. Si se confirma la manipulación del expediente o la destrucción intencional de evidencia, el escándalo podría escalar a niveles institucionales.

Pero la situación no se detiene ahí. Otra jueza del Superior Tribunal está bajo la lupa por protagonizar un accidente vial en el que chocó tres vehículos y se dio a la fuga. Lo más llamativo del caso es que, hasta el momento, no se presentó ninguna denuncia formal, lo que genera fuertes suspicacias en la opinión pública sobre posibles presiones o influencias para silenciar el incidente.

La magistrada en cuestión estaría próxima a jubilarse, lo que alimenta el malestar entre sectores que denuncian una salida encubierta para evitar cualquier tipo de responsabilidad administrativa o judicial. El silencio institucional frente al hecho contribuye a agravar el clima de indignación generalizado en la provincia.

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Además, otro integrante del máximo tribunal fue acusado de “cajonear” la definición sobre la convocatoria a elecciones constituyentes, un proceso considerado clave para el futuro político de Tierra del Fuego. Según trascendió, el magistrado habría demorado intencionalmente el tratamiento del tema, lo que representa una interferencia directa sobre un mecanismo esencial del sistema democrático provincial.

Como si esto fuera poco, trascendió también el gasto de 104 millones de pesos en una fiesta institucional, en medio de un contexto de tensiones presupuestarias y recortes en áreas sensibles del Estado. Este derroche, comparado con el silencio ante las acusaciones graves, terminó por encender aún más el enojo ciudadano.

El escándalo ya tuvo repercusión nacional y provocó pedidos de intervención al Consejo de la Magistratura, que podría abrir investigaciones paralelas. Algunos sectores políticos también exigen la inmediata suspensión de los involucrados hasta que se aclaren los hechos, mientras crece el reclamo de transparencia por parte de organizaciones civiles.

Fuente: N A