Denuncian a exdirectivos de la Cooperativa de Rawson por un contrato millonario sin aval legal
Policiales31/07/2025
REDACCIÓN
cooperativa rawson
El interventor judicial de la Cooperativa de Rawson, Juan Manuel Ibáñez, presentó este jueves una denuncia penal contra exintegrantes del Consejo de Administración, tras detectar severas irregularidades en un contrato firmado con el estudio jurídico Villaverde y Beltramino por un monto total de 600 mil dólares. El caso ya está en manos del juez federal Hugo Sastre.
El acuerdo se firmó en agosto de 2024 sin el aval obligatorio de la Asamblea de socios, condición exigida por el estatuto cuando las decisiones comprometen más del 10% del patrimonio institucional. El contrato estipulaba pagos mensuales de 25 mil dólares MEP durante dos años, además de un plus económico en caso de obtener un fallo favorable.
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Durante el proceso de intervención, se comprobó que ya se habían efectuado al menos tres pagos por un total de 75 mil dólares, lo que generó un perjuicio económico a la Cooperativa, actualmente bajo administración judicial por decisión del Juzgado Federal de Rawson, debido a anomalías administrativas graves.
La Comisión Fiscalizadora también quedó bajo la lupa por no haber advertido las irregularidades en tiempo y forma, lo que podría derivar en nuevas acciones judiciales. Desde la asesoría legal de la intervención, Mario Bensimon explicó que el contrato fue “firmado a espaldas de los socios y sin sustento normativo alguno”.
Tanto el intendente de Rawson, Damián Biss, como el gobernador Ignacio Torres ya habían cuestionado públicamente este acuerdo, lo que sumó presión institucional al proceso de revisión que ahora avanza por vía penal y también por una demanda civil que busca declarar nula la contratación.
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Ibáñez ya había promovido la nulidad del convenio ante la justicia civil, alegando que su firma violó las disposiciones internas de la Cooperativa, que establecen claramente la obligatoriedad del tratamiento en Asamblea para decisiones que impliquen compromisos financieros de esa magnitud.
El contrato con Villaverde y Beltramino incluía cláusulas que vinculaban los honorarios al resultado de una causa específica, mecanismo que fue considerado riesgoso e inapropiado por los auditores legales. Además, no hubo registros previos de evaluación comparativa entre estudios jurídicos.
El juez federal Hugo Sastre, quien ordenó la intervención por malversación y desmanejos financieros, ya recibió la denuncia formal y deberá determinar la responsabilidad penal de los exdirectivos, que podrían ser imputados por administración fraudulenta y otros delitos conexos.
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