Suspenden la cesura por los incendios en Rawson y crecen las dudas sobre la actuación fiscal
Chubut01/08/2025
Sergio Bustos
El incendio en Casa de Gobierno.
La audiencia de cesura de pena en la causa por los incendios de Rawson fue suspendida nuevamente. La Oficina Judicial informó que el trámite quedó en pausa tras la recusación presentada contra el juez Javier Allende, a cargo del caso.
El planteo complica el cierre de un juicio ya desgastado, que acumula postergaciones, tensiones procesales y cuestionamientos al accionar fiscal. En este expediente hay seis personas culpables por los destrozos durante las protestas antimineras de diciembre de 2021.
Los disturbios dejaron severos daños en los edificios del Superior Tribunal de Justicia y la Procuración General. Los imputados son Mauricio Vargas, Damián Díaz, Nicolás Díaz, Lucas Espinoza y Lurdes Ariadna Nicole Molina Leguiza, todos hallados responsables por distintos delitos.
La cesura es la etapa donde se definen las penas. Pero este paso clave volvió a trabarse por motivos formales y expone una vez más las debilidades acumuladas por la fiscalía a lo largo del proceso.
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La fiscal Florencia Gómez había perdido la oportunidad de formalizar sus pedidos de pena en el tramo anterior. Esa omisión fue señalada por los defensores Pablo Sánchez y Miguel Moyano, quienes sostuvieron que no correspondía reabrir la discusión.
El juez Allende ignoró ese planteo y avanzó, pero ahora quedó bajo la lupa. La recusación pone en pausa todo el trámite y obliga a esperar una resolución que podría tardar semanas.
La actuación del Ministerio Público quedó desdibujada desde el cierre del juicio. A pesar de haber logrado condenas, la fiscalía no mostró firmeza para sostener la acusación en la etapa final. No presentó fundamentos a tiempo ni organizó una estrategia clara para la cesura.
Los cuestionamientos no son nuevos. Durante el debate oral, las pruebas fueron débiles y las reconstrucciones poco consistentes. Incluso el caso terminó con dos absoluciones, una de ellas para Brian Díaz, y otra por extinción de la acción penal, tras la muerte de Lautaro Martínez.
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El rol de la fiscal Gómez fue fuertemente objetado por la defensa, que acusó desorden y falta de garantías. También señalaron que no se respetaron los plazos procesales ni se transparentaron los criterios de acusación individual.
Ahora, con el juez recusado, el expediente queda a la deriva. Si el planteo prospera, habrá que designar otro magistrado y reprogramar todo. Si se rechaza, igual se perderán semanas de avance por un trámite que pudo haberse evitado.
La Oficina Judicial no precisó fechas para la reanudación. Tampoco ofreció explicaciones públicas sobre la demora en resolver una causa que ya lleva más de dos años desde los hechos.
Mientras los acusados esperan definición, el Ministerio Público vuelve a quedar en el centro del debate. No solo por errores formales, sino por una estrategia endeble que pone en duda el alcance real de las condenas.
El juicio por los incendios debía cerrar esta semana. En cambio, el proceso judicial entra en una nueva etapa de incertidumbre, marcada por fallas institucionales y una fiscalía sin respuestas.
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