Postergan la entrada en vigencia del Código Procesal Federal en CABA y definen nuevas fechas para 2026

El Ministerio de Justicia decidió aplazar por única vez y de manera “excepcional e improrrogable” la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal en la Justicia Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal Económico, fijando como nueva fecha el 10 de noviembre de 2025. La decisión se formalizó a través de la Resolución 530/2025, firmada por el ministro Mariano Cúneo Libarona.

La cartera justificó la medida en la necesidad de “evitar un conflicto institucional” tras el planteo de la Procuración General de la Nación, que advirtió sobre la falta de condiciones técnicas, operativas y edilicias “mínimamente indispensables” para la aplicación del sistema acusatorio en CABA. El Gobierno, sin embargo, ratificó que las condiciones estaban cumplidas y reafirmó la asistencia técnica y financiera brindada a todos los actores judiciales.

En paralelo, el Ministerio definió el calendario para el primer semestre de 2026. El Código regirá en la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas desde el 16 de marzo y en la de La Plata a partir del 18 de mayo de ese año. El resto del cronograma se mantiene, con las fechas ya anunciadas para Bahía Blanca (29 de septiembre de 2025), Corrientes y Resistencia (1° de diciembre de 2025).

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En los considerandos, la resolución recordó que la reforma procesal iniciada en 2014 permanece incompleta y que la coexistencia de dos regímenes procesales en el fuero federal genera dificultades operativas. También enumeró las etapas recientes de implementación: Rosario, Mendoza, General Roca, Comodoro Rivadavia y Mar del Plata, con fechas escalonadas entre mayo de 2024 y abril de 2025.

El texto insistió en que los problemas edilicios o tecnológicos no deben frenar la transformación y que, en un contexto de austeridad, se optimizarán recursos para completar la capacitación y el equipamiento necesarios. Se subrayó que el sistema acusatorio se aplicará únicamente a las causas iniciadas por hechos posteriores a la fecha de entrada en vigor, lo que otorga un margen para ajustar capacidades.

Además, la resolución ordena comunicar la decisión a la Corte Suprema, al Consejo de la Magistratura, a la Cámara Federal de Casación Penal, a la Procuración y a la Defensoría General, así como a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso y al Ministerio de Seguridad. La publicación en el Boletín Oficial formalizará el cambio de fechas y el nuevo esquema de implementación.

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El Gobierno sostuvo que la postergación no implica una marcha atrás en la reforma, sino una reprogramación destinada a garantizar que todos los actores cuenten con los medios para asumir el cambio. La medida busca que el sistema acusatorio avance de forma ordenada, sin que las limitaciones actuales condicionen su puesta en marcha en las jurisdicciones restantes.

Fuente: NA.