Alerta ambiental en Tierra del Fuego por cambios a la ley que prohíbe la salmonicultura

El debate legislativo sobre la modificación de la Ley Provincial 1.355 en Tierra del Fuego despertó una ola de preocupación entre comunidades locales, organizaciones ambientales y espacios científicos. La propuesta busca regular el desarrollo sustentable de la acuicultura como actividad agropecuaria integral y restringir la prohibición de cultivo de salmónidos únicamente al Canal Beagle.

Para el Foro para la Conservación del Mar Patagónico, esta reforma implicaría un retroceso al dejar sin protección lagos, ríos, costas y aguas marítimas jurisdiccionales que hoy están amparados por la normativa. La nueva redacción abriría la puerta a la salmonicultura industrial en áreas hasta ahora libres de esa actividad.

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Experiencias en la Patagonia chilena sirven como advertencia. Fundación Terram señala que allí la salmonicultura ha operado en varios casos por encima de lo autorizado, generando contaminación orgánica y química, propagación de enfermedades y efectos sociales significativos. Estos impactos incluyen acumulación de desechos, uso intensivo de antibióticos, escapes masivos de salmones y daños a la fauna marina.

WCS Argentina remarca que proteger solo el Canal Beagle y no todo el territorio marino fueguino es como cerrar una puerta y dejar abiertas todas las ventanas. Los ecosistemas, subrayan, son redes interconectadas que requieren una visión integral para su conservación.

Entre los efectos comprobados de la salmonicultura en el Mar Patagónico se incluyen la propagación de parásitos transmisibles a peces silvestres, interacciones negativas con lobos marinos, delfines y aves, residuos plásticos en playas, y polución visual y sonora que deteriora el paisaje y su valor turístico. El daño acumulado puede alterar procesos ecológicos esenciales.

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El giro legislativo ocurre en un clima político marcado por renuncias y cuestionamientos a la transparencia del proceso. Para el Foro, la provincia tiene la oportunidad y la responsabilidad histórica de sostener su papel pionero en la protección de su biodiversidad. La sanción original de la Ley 1.355 buscó preservar paisajes únicos y un ecosistema de alto valor ambiental.

La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) advierte que aprobar la reforma vulneraría el principio de no regresión ambiental y violaría el Acuerdo de Escazú, que establece estándares obligatorios sobre acceso a la información, participación ciudadana y transparencia. Omitir estos mecanismos erosiona garantías esenciales para el ambiente y los derechos de futuras generaciones.

Por eso, comunidades y organizaciones piden que se deje sin efecto el dictamen exprés y se retome el debate conforme a los procedimientos reglamentarios. Exigen un diálogo democrático, abierto y basado en la evidencia científica, para definir el futuro de las aguas y costas fueguinas.