A un año del RIGI, solo se aprobaron siete proyectos y se generaron poco más de mil empleos directos

El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) cumple un año con resultados muy por debajo de las expectativas iniciales. Desde su aprobación el 23 de agosto de 2024, se presentaron 19 solicitudes de adhesión, de las cuales solo siete obtuvieron aprobación, generando poco más de mil empleos directos.

Un informe del Observatorio del RIGI, conformado por organizaciones sociales, académicos e institutos de investigación, concluyó que “la anunciada avalancha de capitales aún no llegó, mientras que el régimen ya consolida beneficios extraordinarios para un puñado de grandes inversores”. El reporte advierte que la entrada de divisas fue acotada en un contexto de incertidumbre nacional e internacional.

Las propuestas de adhesión abarcaron diez proyectos mineros, principalmente de litio, cobre y oro, además de tres de energías renovables, tres vinculados a infraestructura hidrocarburífera, uno siderúrgico, uno de biocombustibles y otro portuario. Las inversiones comprometidas superan los 30.760 millones de dólares, aunque la mayor parte sigue en etapa de evaluación.

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De los siete proyectos aprobados, que suman 13.067 millones de dólares, dos corresponden al sector hidrocarburífero, dos a minería, dos a energía renovable y uno a siderurgia. El sector petrolero concentra los montos más altos, con tres iniciativas que totalizan 9.790 millones de dólares, en su mayoría vinculadas a Vaca Muerta.

En el caso de la minería, el informe destaca que los proyectos de litio ubicados en Salta y Catamarca representan inversiones por más de 19.000 millones de dólares. El Observatorio alertó que “las inversiones de mayor volumen se concentran en actividades primarias extractivas, con foco en la expansión de exportaciones”.

El estudio también señala que quince provincias ya adhirieron formalmente al régimen, aunque con resultados dispares. Los analistas advierten que “el impacto en empleo es mínimo frente a los beneficios fiscales y cambiarios otorgados a los inversores”.

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En sus conclusiones, el Observatorio cuestiona que la estrategia oficial busque aliviar la crisis externa priorizando la exportación de hidrocarburos, sin evaluar daños ambientales o sociales. “El RIGI consolida un modelo extractivo que no opera en soledad”, sostienen, subrayando que YPF aparece como actor central al participar en tres de los proyectos aprobados.

Las entidades que integran el Observatorio incluyen al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), CEPPAS, la Escuela de Política y Gobierno de la UNSAM, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE) y el Transnational Institute. Para estos organismos, el régimen terminó siendo un instrumento de concentración de beneficios antes que un motor de nuevas inversiones.

Fuente: NA.