Jueza Ana Karina Breckle
La jueza penal Ana Karina Breckle resolvió este viernes enviar a juicio oral a Carolina de los Ángeles Pardo Said, ex jefa del Departamento de Compras del Ministerio de Seguridad de Chubut, imputada por direccionar contrataciones públicas a favor de su pareja. La resolución fue notificada a las partes y encuadró la acusación en la figura de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.
El debate se realizará bajo la modalidad de jurado escabinado, un procedimiento contemplado en la Ley XV N° 30 y que implica la participación de tres jueces técnicos y dos ciudadanos legos sorteados del padrón. A diferencia del juicio por jurados clásico, este esquema combina magistrados con integrantes de la sociedad civil para juzgar delitos vinculados al ejercicio de funciones públicas.
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Según la acusación presentada por el Ministerio Público Fiscal y la Fiscalía de Estado, Pardo Said habría intervenido en contrataciones directas entre 2022 y 2023 por más de un millón de pesos, favoreciendo de manera irregular a su pareja Vicente Andrés García. Los servicios contratados incluyeron refacciones edilicias, trabajos de electricidad y reparaciones mecánicas para distintas dependencias oficiales.
La magistrada descartó la acumulación de cargos con incumplimiento de deberes de funcionario público, tal como planteaba la fiscalía, al considerar que se trata de una figura subsidiaria y que la imputación corresponde al delito de negociaciones incompatibles en su modalidad continuada.
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El fallo también habilitó la incorporación de pruebas testimoniales y documentales, lo que permitirá ampliar el material de análisis durante el juicio. La Oficina Judicial deberá organizar el proceso bajo este novedoso esquema, que representa un cambio en la forma de juzgar hechos cometidos en el ámbito estatal.
De esta manera, Pardo Said enfrentará en los próximos meses una instancia clave que definirá su responsabilidad penal por las contrataciones cuestionadas. La causa pone bajo la lupa el manejo de fondos públicos y abre un debate sobre la transparencia en la gestión de la administración provincial.
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