Diputados buscan prorrogar beneficios a renovables sin impacto para municipios hasta 2045

El Congreso debate un nuevo proyecto de ley que extiende hasta 2045 la estabilidad fiscal del sector de energías renovables. La iniciativa fue presentada por los diputados Martín Maquieyra y Lorena Villaverde, tras un acuerdo con provincias y cámaras empresarias que temían perder los beneficios de la normativa vigente.

El texto es breve y apunta a resolver la urgencia de dar continuidad a un esquema que vence el 31 de diciembre. “La iniciativa busca generar condiciones de estabilidad y previsibilidad para consolidar el dinamismo del sector, atraer nuevas inversiones y avanzar en la diversificación de la matriz energética nacional”, destacaron los autores.

Entre los cambios más relevantes figura la eliminación de Cammesa como intermediario en la compra de energía. Con esta modificación, se promueve una mayor desregulación y las únicas modalidades que continuarán beneficiadas serán la autogeneración y la compra directa entre privados.

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El proyecto también introduce ajustes legales para bajar la litigiosidad y adapta la legislación a nuevas tecnologías, como inteligencia artificial aplicada al mercado eléctrico. “El proyecto establece una política energética de largo plazo con objetivos claros: garantizar estabilidad y previsibilidad, fomentar inversiones, diversificar la matriz y asegurar seguridad jurídica”, remarcaron desde el oficialismo.

Desde las cámaras empresarias ven con buenos ojos la continuidad de los beneficios, aunque consideran que aún quedan pendientes reformas estructurales que impulsen un crecimiento más acelerado del sector.

Los municipios, en cambio, levantaron la voz. Intendentes advierten que la normativa no genera impacto directo en las arcas locales ni en puestos de trabajo inmediatos. “Los beneficios son para las empresas, pero los pueblos donde se instalan los parques no reciben nada”, señalaron en distintos comunicados.

La preocupación radica en que, pese a la magnitud de las inversiones y a la extensión de los beneficios fiscales, no se establece ningún esquema de coparticipación o tributo que llegue a los gobiernos locales. Para muchas comunas, esto implica que sus territorios soportan el impacto ambiental y logístico de los proyectos sin ver reflejado un ingreso adicional.

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El oficialismo, por ahora, no incluyó modificaciones en ese sentido. La prioridad fue garantizar la continuidad del marco legal para evitar un vacío normativo que desincentive nuevas inversiones. El argumento central es que la estabilidad atraerá capitales y, en el mediano plazo, generará empleo indirecto en cada región.

La política energética se mantiene como una línea constante en los últimos diez años. El régimen atravesó tres administraciones de distinto signo político y permitió que las renovables pasen de ser casi inexistentes a cubrir más del 17% de la demanda eléctrica nacional.

Aun así, la aprobación del proyecto no está asegurada. El clima electoral y la presión de los municipios que piden participación en los beneficios abren un interrogante sobre el tratamiento legislativo en las próximas semanas.