Diputados retoma el debate por los pedidos de informes sobre las denuncias de coimas

La Cámara de Diputados volverá a poner en agenda el escándalo que rodea a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Este martes a partir de las 12 se retomará el debate de los pedidos de informes presentados por legisladores de distintos bloques opositores.

El primer encuentro se dará en la Comisión de Acción Social y Salud Pública, presidida por Pablo Yedlin, donde se discutirán proyectos que reclaman explicaciones al Gobierno nacional. A las 14 será el turno de la Comisión de Discapacidad, bajo la conducción de Daniel Arroyo, que avanzará en un segundo bloque de iniciativas.

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Las propuestas fueron firmadas por diputados de diversas fuerzas políticas: Sabrina Selva, Oscar Agost Carreño, Christian Castillo, Esteban Paulón, Guillermo Casas, Andrea Freites, Ricardo López Murphy y Eduardo Valdés. Todos apuntan a esclarecer la presunta red de recaudación ilegal que quedó expuesta con los audios filtrados.

El material divulgado compromete al desplazado titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, y revela un supuesto esquema de cobro de coimas vinculado a la gestión de programas sociales. La difusión de esas grabaciones generó un fuerte impacto político, pero hasta ahora no hubo respuestas claras del Poder Ejecutivo.

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La tensión aumentó la semana pasada cuando el ministro de Salud, Mario Lugones, y el nuevo director de la ANDIS, Alejandro Vilches, se ausentaron de una citación parlamentaria. La ausencia de ambos funcionarios fue interpretada como un gesto de resistencia frente a los reclamos de transparencia.

En este contexto, el presidente Javier Milei eligió respaldar públicamente a la Droguería Suizo Argentina, empresa señalada en las filtraciones como parte del entramado. “No tenemos ninguna responsabilidad”, sostuvo la compañía en un comunicado replicado por la Casa Rosada.

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El mandatario también acompañó un mensaje del vocero Manuel Adorni que refuerza la línea defensiva oficial. Según ese planteo, los audios difundidos serían “una operación de inteligencia ilegal destinada a desestabilizar al país en plena campaña electoral”.

El comunicado presidencial denunció que “se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo”. Bajo esa narrativa, el Gobierno evita responder sobre el contenido de las grabaciones y centra la discusión en el origen de la filtración.

Fuente: NA