ADEPA rechazó la prohibición judicial que impide difundir audios atribuidos a la Casa Rosada

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) volvió a pronunciarse en defensa de la libertad de prensa. La entidad cuestionó la sentencia de la Justicia en lo Civil y Comercial Federal que prohíbe a los medios difundir audios presuntamente grabados en la Casa de Gobierno y atribuidos a la Secretaría General de la Presidencia.

ADEPA señaló que estas disposiciones constituyen un límite ilegítimo a la circulación de información pública. “La publicación de informaciones solo puede dar lugar a responsabilidades ulteriores, pero nunca a prohibiciones preventivas”, expresó la entidad.

El fallo judicial se enmarca en una causa que investiga el origen y la difusión de audios de carácter reservado. Sin embargo, la medida impide a la ciudadanía acceder a datos que pueden influir en la opinión pública sobre hechos de interés institucional.

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La organización recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció un criterio claro: con la única excepción de proteger la infancia y la adolescencia, cualquier medida que restrinja preventivamente la información afecta la libertad de expresión.

Desde ADEPA remarcaron que los gobiernos tienen herramientas para sancionar a quienes violen deberes de secreto o incurran en delitos, pero no para silenciar la difusión de información. “Las prohibiciones preventivas son contrarias al artículo 14 de la Constitución Nacional”, advirtieron.

El comunicado también planteó que limitar la circulación de información sobre funcionarios públicos restringe un derecho fundamental de la sociedad. El acceso a datos relevantes es condición básica para el control ciudadano de los poderes del Estado.

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La sentencia generó un intenso debate entre juristas, periodistas y sectores políticos, que ven en la medida un precedente peligroso. La preocupación radica en que estas decisiones puedan consolidarse como herramientas de censura en causas sensibles.

ADEPA ha sostenido de manera constante esta posición en casos anteriores, cuestionando resoluciones oficiales que restringieron la cobertura de hechos públicos. El rechazo apunta a consolidar un estándar democrático en la relación entre medios, justicia y gobierno.