Condenan a un policía por inventar domicilio en Patagones y quedarse con $40 millones
Policiales04/09/2025
Sergio Bustos
Patagones.
Un escándalo sacudió a la Policía Bonaerense tras conocerse la condena contra Jorge Orlando Fuentealba, acusado de montar una maniobra fraudulenta durante casi diez años.
El efectivo declaró falsamente que vivía en la localidad de Juan A. Pradere, en el Partido de Patagones, para acceder al pago de zona desfavorable.
Con esa maniobra logró un beneficio económico sostenido que superó los 40 millones de pesos, dinero que cobró en forma indebida como parte de su salario mensual.
La investigación, llevada adelante por la UFIJ N° 10 a cargo del fiscal Gustavo Zorzano, determinó que la maniobra se extendió desde noviembre de 2014 hasta junio de 2023.
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Fuentealba presentó declaraciones juradas falsas que fueron tomadas como válidas por el Ministerio de Seguridad bonaerense, que abonó el adicional sin verificar la información.
El Tribunal en lo Criminal N° 1 lo encontró responsable del delito de fraude a la administración pública bajo la modalidad de estafa agravada por funcionario público, en concurso con falsificación ideológica de instrumento público.
La sentencia impuso una pena de dos años y medio de prisión en suspenso, lo que significa que no irá a la cárcel salvo que reincida o incumpla las medidas impuestas.
El fallo también incluyó la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, una sanción que lo aparta de manera definitiva de cualquier función estatal.
Durante tres años deberá cumplir reglas de conducta estrictas y someterse al control judicial. Entre esas obligaciones figura la realización de 240 horas de tareas comunitarias en instituciones públicas o de bien público.
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Los jueces destacaron que el accionar del policía no solo produjo un perjuicio patrimonial al Estado, sino que también dañó la confianza en la administración pública.
“El acusado utilizó su condición de funcionario para sostener una estafa durante casi una década”, remarcaron en los fundamentos del fallo.
El caso generó malestar en la fuerza policial y expuso la falta de controles internos en el sistema de liquidación de haberes, donde la falsedad de un domicilio pasó inadvertida por años.
Para la Justicia, la condena tiene un valor ejemplificador: marca que los delitos cometidos desde el propio Estado serán perseguidos con severidad y sancionados con firmeza.
La sentencia cierra un proceso judicial que dejó al descubierto una maniobra que drenó recursos públicos por millones de pesos y que hoy encuentra castigo en los tribunales.
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