El juicio por Tino John volvió a caerse y alertan que un policía podría quedar libre
Policiales15/09/2025
Sergio Bustos
Tino, la víctima.
El juicio por la muerte de Martín Alejandro “Tino” John sumó otra suspensión y quedó sin horizonte definido. El proceso, que debía iniciarse el 16 de septiembre en Lago Puelo, fue trasladado a Esquel y aún no tiene fecha ni jurados sorteados.
Los abogados querellantes advirtieron que la dilación puede tener consecuencias graves. Uno de los imputados, el sargento Luis Moggiano, acusado de homicidio agravado, podría quedar sobreseído si se cumplen los plazos procesales.
El cambio de sede se resolvió tras un pedido de la defensa que alegó preservar la “paz social” en Lago Puelo. Para los representantes de la familia de la víctima, la decisión carece de fundamento legal y perjudica la búsqueda de justicia.
Alfredo Pérez Galimberti, abogado de la viuda Claudia Costa Basso, y Marcos Ponce, defensor público del hijo de la víctima, Donato, pidieron al juez Carlos Ennis que fije “de manera urgente e inmediata” nuevas fechas para el juicio.
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Los acusados son tres policías: Moggiano, que enfrenta prisión perpetua por homicidio agravado, y los comisarios Cristian Soto y Omar Martínez, imputados por homicidio culposo.
El caso se remonta al 27 de mayo de 2021 en Las Golondrinas. Un disparo del GEOP mató a John durante un operativo policial que no siguió protocolos de actuación con personas con patologías mentales.
La querella remarcó que las víctimas no son responsables de las demoras. “Hubo reticencia del fiscal Carlos Díaz Meyer, que demoró un año y medio en pedir apertura y luego intentó el sobreseimiento de los imputados”, señalaron. Finalmente, el procurador general lo apartó y designó a Martín Robertson.
El expediente también sufrió dilaciones por tres recursos presentados por la defensa, aceptados por el Superior Tribunal de Justicia.
El plazo máximo de tres años para procesar a Moggiano vence el 16 de noviembre. Si no se reactiva el juicio, el acusado podría quedar libre por el simple paso del tiempo.
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“De ninguna manera es justificable que la Oficina Judicial de Esquel tenga un orden de juicios que impida poner este caso en la grilla inmediatamente”, reclamaron los abogados.
Recordaron además que John tenía un trastorno psiquiátrico diagnosticado, por lo que el Estado tenía un deber reforzado de protección. La demora, sostienen, agrava la vulneración de derechos humanos.
En declaraciones radiales, Galimberti fue categórico. “Si nos dicen que tenemos que ir a hacer el juicio al infierno iremos, pero impedir que se haga en la comunidad donde ocurrió el hecho es insólito”, expresó.
El letrado apuntó contra la influencia política. Denunció que el ministro de Seguridad Héctor Iturrioz estuvo presente en la audiencia preliminar apoyando a la Policía, lo que para la querella confirma un trato desigual.
En Esquel ya advirtieron que el juicio podría realizarse recién en 2026, un plazo que, según la familia, convierte la causa en un caso de impunidad encubierta.
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