Milei recorta a la mitad el fondo de emergencia para Bahía Blanca

El Gobierno nacional aplicó un recorte severo sobre el fondo destinado a la asistencia de los vecinos de Bahía Blanca y zonas aledañas. De los $200.000 millones previstos, eliminó $100.000 millones en su última reasignación de partidas.

La decisión administrativa 23/25, publicada en el Boletín Oficial, confirmó la maniobra fiscal. El texto oficial detalla que se incrementaron algunos programas por $261.613 millones, pero en paralelo se ajustaron otros por $493.531 millones. El fondo de emergencias, bajo la órbita de Seguridad, fue uno de los principales afectados.

Ese fondo se había creado en marzo tras el temporal que arrasó Bahía Blanca. El decreto 238/25 había dispuesto hasta $200.000 millones en subsidios para reparar viviendas dañadas por las inundaciones. Con la nueva medida, el monto se reduce a la mitad y deja en suspenso la asistencia a miles de familias.

El recorte se suma al veto presidencial de junio. En ese momento, Javier Milei bloqueó la ley de emergencia que había aprobado el Congreso para asistir a los damnificados. La justificación oficial fue que ya existía un fondo especial, el mismo que ahora fue recortado.

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En Bahía Blanca, la noticia cayó como un balde de agua fría. Vecinos y referentes sociales advirtieron que la ayuda prometida nunca llegó en su totalidad y ahora podría demorarse aún más. “Nos prometieron auxilio y hoy nos dejan a la deriva”, señalaron en distintas asambleas barriales.

El ajuste no se limita a la asistencia directa. El decreto también incluye una fuerte reducción en Educación. La cartera perderá $120.000 millones destinados a becas, infraestructura escolar y programas universitarios. La decisión llega luego del veto a otra ley que buscaba aumentar el financiamiento de las universidades nacionales.

De acuerdo con la Asociación Argentina del Presupuesto y las Finanzas Públicas (ASAP), la maniobra fiscal elevó el superávit de $5,9 billones a $6,6 billones. Ese número representa un 5% de los recursos totales estimados para el ejercicio en curso. El Gobierno ajustó 111 programas y amplió fondos en otros 76.

El detalle de ASAP muestra que las transferencias corrientes se redujeron en más de $327.000 millones, mientras que el gasto de capital cayó en $222.677 millones. Las cifras reflejan una política de contención del gasto que impacta de lleno en sectores sociales sensibles.

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Hoy, el Ejecutivo se maneja con el presupuesto prorrogado de 2023. El gasto previsto alcanza casi $126 billones y los ingresos $131,8 billones. Con una ejecución del 62% y una recaudación del 71%, no se descarta una nueva actualización hacia fin de año.

En el Congreso, la reacción fue inmediata. Legisladores opositores recordaron que el Ejecutivo había vetado la ley de emergencia con el argumento de que el fondo ya estaba cubierto. “Mintieron en junio y ahora le quitan recursos a la gente”, señaló un diputado bonaerense.

El malestar también se trasladó a la comunidad educativa. Autoridades universitarias anticiparon que el recorte de $120.000 millones golpeará directamente en becas y programas de investigación. “Las aulas no pueden ser víctimas del ajuste”, advirtieron en un comunicado conjunto.

Mientras tanto, en Bahía Blanca la urgencia sigue. Barrios enteros afectados por el temporal aún esperan obras de infraestructura y asistencia habitacional. “Los vecinos necesitan respuestas concretas, no números en un boletín oficial”, expresó una referente barrial.