El Gobierno limita el recupero de IVA y concentra beneficios en energía y transporte

La Resolución 1353/2025 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial, estableció que la mayor parte del recupero se destinará al sector energético y al transporte. La norma fue impulsada por el titular de la cartera, Luis Caputo, con el objetivo de consolidar el superávit fiscal. El esquema busca ordenar la compensación de créditos fiscales acumulados por distintas compañías.

El régimen alcanza a créditos originados en el año 2024 y también a los generados entre 2018 y 2023 que no fueron recuperados previamente. La medida incorpora a sujetos que brindan servicios públicos y que reciben subsidios, compensaciones tarifarias o asistencia económica del Estado. El mecanismo se activa cuando los ingresos de esas empresas se ven reducidos por las transferencias oficiales.

El recupero aplica a operaciones vinculadas con la compra, fabricación, elaboración o importación definitiva de bienes, así como a locaciones de obras y servicios. Se exceptúa únicamente a los automóviles. Los bienes y servicios deben haberse destinado a la actividad regulada que recibe subsidios.

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La resolución dispone que el recupero se calcula hasta un límite específico. Se determina restando al saldo a favor original lo que habría correspondido si los subsidios hubiesen estado alcanzados por el IVA. De este modo se evita que las transferencias estatales generen beneficios adicionales.

El Ministerio de Economía justificó el tope en función de las condiciones generales de los ingresos presupuestarios. La normativa señala que la fijación del límite responde a la necesidad de resguardar el equilibrio fiscal. La asignación se realiza por sector o rama de actividad económica.

Del total de $26.500 millones, el sector energético recibirá $24.500 millones. Al transporte le corresponden $1.800 millones, mientras que a otros sectores se asignarán apenas $200 millones. La distribución confirma el foco puesto en dos ramas centrales para la política económica.

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La reglamentación se enmarca en la Ley de Impuesto al Valor Agregado. El Ministerio de Economía es la autoridad encargada de fijar el cupo anual y definir la asignación sectorial. Con esta decisión, busca limitar la presión del gasto tributario y controlar los márgenes de devolución.

Fuente: NA.