Confirman indemnizaciones por las muertes en el derrame tóxico de Avellaneda en 1993

A más de treinta años del derrame tóxico que sacudió a Avellaneda, la Justicia confirmó las indemnizaciones para los familiares de las siete víctimas que perdieron la vida en septiembre de 1993. El fallo de la Cámara Federal de La Plata distribuyó responsabilidades entre organismos públicos y empresas privadas.

El trágico hecho ocurrió el 27 de septiembre de 1993 en una vivienda de la calle 25 de Mayo 319, cuando la inhalación de ácido cianhídrico liberado en las cloacas provocó la muerte inmediata de cuatro integrantes de una familia y de tres trabajadores de la salud que acudieron a asistirlos.

Los jueces Carlos Vallefin y Roberto Lemos Arias dictaron sentencia contra el Estado Nacional, la provincia de Buenos Aires, la Municipalidad de Avellaneda, Aguas Argentinas y particulares, señalando la falta de prevención y control. “El 30% de la responsabilidad corresponde a la Municipalidad de Avellaneda por incumplir su deber de policía”, destacó el fallo.

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El tribunal también responsabilizó al Estado Nacional y a la Provincia con un 15% cada uno por su inacción, y a Aguas Argentinas con un 5% por no contar con sistemas de alerta frente a materiales tóxicos en la red cloacal. El resto de la responsabilidad recayó sobre la empresa Transporte García S.R.L. y el establecimiento dirigido por Manuel Sánchez, señalados como responsables de verter sustancias que generaron el gas letal.

El caso dejó una marca imborrable en la memoria colectiva. Ese día, Manuel Guim y su esposa llamaron a su hijo Horacio porque se sentían mal; al llegar, él y su esposa Rosa también resultaron víctimas del ácido. Luego, al domicilio ingresaron la médica Viviana Otero, el enfermero Orlando Cáceres y el camillero Roberto Voytezko, quienes fallecieron intentando asistirlos.

Los cuerpos fueron hallados en distintas partes de la vivienda: algunos en el patio, otros en el living y la cocina. La magnitud del episodio evidenció las graves falencias en el control de sustancias tóxicas y en la prevención de emergencias ambientales.

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Con el paso del tiempo, el caso trascendió lo judicial y adquirió un fuerte valor simbólico. Cada 27 de septiembre en la Argentina se conmemora el “Día de la Conciencia Ambiental” en recuerdo de las víctimas y como recordatorio de la necesidad de un mayor compromiso en la gestión de residuos peligrosos.

De esta forma, el fallo cierra un extenso proceso judicial iniciado por los familiares de las víctimas, quienes durante más de tres décadas reclamaron justicia y reparación. La sentencia no borra el dolor, pero reconoce la responsabilidad de quienes, por omisión o negligencia, permitieron la tragedia.

Fuente: NA.