JUEZA PIDE QUE SE INVESTIGUE A JUZGADOS DE FAMILIA

La medida fue solicitada por la Jueza Penal Patricia Reyes. Es para que el Superior Tribunal de Justicia evalúe una presunta inactividad judicial.

Una audiencia realizada en el fuero penal en una causa de “violencia de género” desencadenó que se eleven actuaciones hacia el máximo órgano judicial de Chubut.

La jueza penal Patricia Reyes hizo la apertura de investigación y se formularon cargos contra el imputado, de 18 años, sobre quien se dispuso una “prohibición absoluta de contacto por un plazo de seis meses” por golpear a su pareja con quien tienen un hijo en común.

El hecho ocurrió el 14 de mayo a las 20.30 cuando un hombre “efectuó a la víctima varios golpes de puño en distintas partes del cuerpo, como así la sujetó del cuello para aplicarle más golpes”, indica el pedido de apertura de investigación realizado por la fiscalía en Tribunales.

El certificado médico policial constató hematoma en región maxilar, cuello, brazo y antebrazos de la mujer. La conducta fue imputada por “lesiones agravadas por el vínculo”, todo dado en el marco de violencia intrafamiliar y de género.

Pero la jueza, además, elevó lo actuado al Superior Tribunal de Justicia ante la presunta "inactividad" de los Juzgados de Familia en tomar medidas específicas en un expediente iniciado por la víctima.

“Advierto que el Juzgado de Familia y la discusión de competencia que va en contrario a la obligación que tenemos los jueces de atender con urgencia las cuestiones de violencia género y familiar es que voy a dar intervención al Superior Tribunal de Justicia remitiendo audio de esta audiencia para que tome conocimiento”, indicó Reyes.

Las actuaciones fueron remitidas al Juzgado de Familia 1 y actualmente se encuentran en el Juzgado de Familia 2 en virtud de cuestión de competencia entre ambos juzgados, plazo en el cual se venció la prohibición de acercamiento dictada inicialmente. “Por el deber de la tutela efectivo solicito la extensión de prohibición de acercamiento”, se indicó en la audiencia penal.

“La Ley de Protección Integral a las Mujeres establece que los jueces no podemos desconocer la necesidad de dar un protección a este colectivo de víctimas vulnerable que son las mujeres víctimas de violencia. No solamente se ha suscitado este hecho que dio origen a la medida de protección en el fuero penal, sino que hay hechos anteriores con intervención de los Juzgados de Familia número 1 y 2. Esta circunstancia de haberse dado una situación de competencia entre los juzgados debe ser atendida”, afirmó la jueza en su resolución para elevar las actuaciones al Superior Tribunal de Justicia.