PROYECCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA PENAL JUVENIL

El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Social, Familia, Mujer y Juventud, ...

Actualidad 06 de junio de 2021 Roxana Etcheverry

El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Social, Familia, Mujer y Juventud, a cargo de Gustavo Hermida, participó de la presentación de un relevamiento nacional sobre la situación de los dispositivos penales juveniles y su población.




Se trata de un informe que contiene datos actualizados, de acceso público, sobre las aprehensiones a adolescentes como de la población juvenil que se encuentra cumpliendo algún tipo de medida judicial de carácter penal.

El mismo tiene como principal objetivo contribuir al diseño, la implementación y el monitoreo de las políticas públicas en materia penal juvenil a nivel nacional.

La presentación del informe, que se llevó a cabo de forma virtual, fue encabezada por el secretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Lerner; el subsecretario de Derechos para la Niñez, Adolescencia y Familia, Mariano Luongo; la directora nacional para Adolescentes Infractores a la Ley Penal, Gloria Bonatto; y el especialista en Protección de Derechos y Acceso a la Justicia de UNICEF Argentina, Hernán Monath.

Informe


En la oportunidad se presentó formalmente el informe realizado con la colaboración de las distintas provincias, detallando el funcionamiento de los dispositivos penales, y datos sobre su población durante el año pasado. También se indican las medidas que tomó cada una de las provincias con respecto a la pandemia, y cómo continuaron la intervención en este tipo de dispositivos, acompañando y asistiendo con los diversos equipos técnicos.
Además de “generar programas y políticas públicas” en todo el territorio nacional, basadas en el trabajo articulado, la inclusión y el acompañamiento.

La presentación del relevamiento efectuado, se concretó luego de que el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, firmará el acta acuerdo con referentes sociales de todas las jurisdicciones del país, con el propósito de promover la promoción y protección de derechos de adolescentes cuando se atraviesan intervenciones penales de las fuerzas de seguridad y de otros organismos.

   

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