Menna Gustavo en sesión

Diputados nacionales solicitaron a través de un proyecto de Resolución presentado este viernes en el Congreso. Argumentaron que la Comunicación del Banco Central es «inconstitucional e ilegal», ya que la entidad no tiene potestad «para restringir derechos y libertades amparados en la Constitución, como contratar, y entrar y salir del país».

El diputado nacional Gustavo Menna presentó este viernes un proyecto de Resolución para que el Congreso rechace y pida la «inmediata derogación» de la Comunicación del Banco Central que prohíbe la financiación con tarjetas de crédito de compras de pasajes al exterior y de servicios turísticos en otros países. El proyecto contó con el acompañamiento del presidente del Interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados, Mario Negri, y más de otros 20 legisladores de distintas provincias.

El rechazo a los términos de la Comunicación A 7407 del Banco Central de la República Argentina se fundamenta en que es «una determinación inconstitucional e ilegal por carecer la entidad de competencia y atribuciones para restringir derechos y libertades amparados en la Constitución, como el de contratar, y entrar y salir del país», explicitó Menna, que solicitó a al BCRA «la inmediata derogación» de la decisión.

La iniciativa incluye en sus fundamentos que «la medida implica una restricción de fondo al derecho que tienen las entidades emisoras de tarjetas de crédito a ejercer el comercio y el propio objeto que le da razón de ser al sistema de tarjetas de crédito, que es el de prestar un servicio financiero».

Además, indicó Menna, «con la restricción dispuesta por el Banco Central, en los hechos, se está prohibiendo que miles de argentinos pueden ejercer su derecho de salir del país, libertad reconocida en el artículo 14 de la Constitución».

De esta manera, Menna finalizó: «No puede permitirse que, del mismo modo que regímenes totalitarios impedían la salida de sus ciudadanos al exterior por la vía de restricciones dispuestas por burócratas, ocurra por la determinación de funcionarios que no han sido electos ni tienen competencia para disponer una restricción de derechos de esta envergadura».