martes, marzo 26, 2019
Inicio Economía BUQUES GALLEGOS PESCAN CALAMAR EN MALVINAS

BUQUES GALLEGOS PESCAN CALAMAR EN MALVINAS

La flota gallega que faena en Malvinas inició con buen suceso la campaña de calamar. Las licencias de pesca otorgadas ilegítimamente por el gobierno británico perjudican la economía argentina, y aparentemente nuestro gobierno carece de una política pesquera que pueda contrarrestar esta situación, debido a su laxitud en lo referente al debate diplomático sobre soberanía. Reproducimos, luego de la información sobre la flota española, una nota de opinión de Jorge Argüello sobre la necesidad de implementar una ley y una verdadera política de Estado en el tema Malvinas.

Récord de capturas

Según explican los armadores con barcos en la zona, los primeros días desde la apertura de la pesquería el pasado 24 de febrero “han sido satisfactorios” y con unos ratios de capturas similares a los del comienzo de campaña del año pasado, que finalizó con un récord de capturas desde 1995 al alcanzar las casi 79.000 toneladas (casi un 25% más que en 2017).

La pesquería de calamar en Malvinas está dividida en dos campañas, en la que participan más de una quincena de buques de capital gallego. El año pasado esta primera zafra finalizó con 43.085 toneladas capturadas. En la segunda, como suele ser habitual, la pesca descendió y se alcanzaron las 35.827 toneladas.

En lo que se refiere a la otra especie de calamar presente en el Atlántico sudoccidental, el Illex, el Gobierno malvinense informó que se ofrecieron de nuevo 105 licencias de pesca.

Malvinas: una ley, una política de Estado

*por Jorge Argüello

La Argentina debe contraponer una política de Estado sin fisuras, para resolver la disputa de soberanía a su favor.

Cuando dos gobiernos se sientan en torno de una mesa para sostener un diálogo sobre cuestiones bilaterales irresueltas, el sentido común indica que van por buen camino. Pero si ello le impone a una de las partes congelar la reivindicación de sus derechos, el intento resulta viciado.

Es lo que ocurre hoy con la cuestión Malvinas. El actual gobierno retomó el ejercicio de la diplomacia del “paraguas” de soberanía con el Reino Unido, que el país ya había probado en la década de 1990 sin resultados para el avance en la negociación bilateral de la disputa de fondo en el Atlántico Sur.

Al contrario, entonces como ahora, la posición británica termina fortalecida por concesiones en materia de explotación hidrocarburífera y pesquera, o facilidades de conexiones con el resto del mundo establecidas para consolidar la situación del ilegítimo gobierno de las islas antes que para acercarlas al continente.

Así, por ejemplo, en noviembre, las dos partes abordaron en Londres “temas de interés mutuo en materia de cooperación científica para la conservación de los recursos pesqueros en el Atlántico Sudoccidental”.

Pero, en la práctica, mientras el Reino Unido ya otorgó unilateralmente desde febrero, cuando se inicia la temporada de captura, más de un centenar de licencias de pesca del calamar illex, Argentina no dio ni una.

¿Por qué nos vuelve a pasar esto? ¿Por qué volvemos a incurrir en el error de una política que congela la disputa de soberanía, cuando ya la habíamos revisado en la década de 2000, con el permanente respaldo de América latina y de las máximas instancias descolonizadoras de la ONU?

Oportunidad única

Hay un problema previo y subyacente que hace posible estos desvíos: la falta de un consenso político básico para desarrollar una sola y permanente estrategia diplomática frente al Reino Unido.

Y se hace más notorio aun cuando esta política diplomática de concesiones se repite, graciosamente, en el momento de mayor debilidad diplomática que se le haya conocido en décadas al Reino Unido, envuelto en su caos del Brexit.

En el fondo, y esto vale para todo lo actuado desde 1982, resulta inviable que un gobierno tome decisiones en la cuestión Malvinas sin consensuarlas en la institución establecida por la Constitución para aprobar o rechazar las grandes decisiones de política exterior: el Congreso de la Nación.

Por eso, por primera vez desde el conflicto armado, Argentina tiene una oportunidad única para recuperar ese consenso y reiniciar un “diálogo” eficiente.

La “Ley Malvinas”

Esa oportunidad se llama “ley Malvinas”, un proyecto de ley consensuado y redactado desde la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur que puede darnos una política de Estado.

La ley Malvinas, que ya se tramita en el Senado, garantiza la participación del Congreso en cualquier negociación y neutraliza eventuales acuerdos entre gobiernos como los actuales, que además crean incertidumbre jurídica.

No se trata de resolver por ley la disputa de soberanía, pero sí de controlar democráticamente su gestión. En particular, este año, la cuestión Malvinas exige un consenso permanente y excluido de la campaña electoral.

El rol provincial

La política del actual gobierno, establecida a través del Acuerdo Foradori-Duncan de 2016, un auténtico tratado internacional que benefició los intereses de los isleños eludiendo el control del Congreso, subestima la necesaria representación que corresponde a las provincias.

La más perjudicada es Tierra del Fuego, que tiene a los territorios usurpados en su jurisdicción, pero también otras como Córdoba, que dieron a la patria la vida de muchos de sus hijos en 1982. El proyecto de ley resguarda ese rol provincial.

No decimos que los gobiernos anteriores hayan evitado al Congreso y firmado auténticos acuerdos internacionales para perjudicar la causa Malvinas. Pero esta ley garantizará que las definiciones políticas básicas de la cuestión Malvinas cuenten con el consenso más amplio posible e institucionalizado.

La ley Malvinas posibilitará, además, una suficiente visibilidad pública de las negociaciones para todos los actores sociales, incluso para las organizaciones de excombatientes. El proyecto está reuniendo, a través de la plataforma virtual change.org, el aval de miles de firmas de ciudadanos.

Ahí tenemos los ejemplos de procesos como el que en 1965 llevó a la Asamblea General de la ONU a dictar la resolución 2065 en favor de la negociación bilateral de la disputa de soberanía, o su intervención en el caso Chagos (Islas Mauricio), que derivó en el reciente fallo de la Corte Internacional de Justicia que sentó un gran precedente para la cuestión Malvinas y contra la colonización británica.

A este momento de debilidad diplomática del Reino Unido, frente a la Unión Europea (UE) y al mundo entero, la Argentina debe contraponer una política de Estado sin fisuras, para resolver la disputa de soberanía a su favor. La ley Malvinas es el instrumento adecuado para dar ese paso tan demorado.

*Jorge Argüello es secretario de Estado para la cuestión Malvinas, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 

Fuentes: La Opinión A Coruña lavoz.com.ar