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Después de más de dos décadas en que las empresas venían tributando a una alícuota del 35%, durante los últimos años con el afán de imprimirle al sistema cierto atractivo para atraer inversiones y reducir la carga tributaria de quienes decidan reinvertir utilidades, se produjeron reformas modificando la tasa a la que debían tributar las sociedades.

Trayendo a la mente la reforma fiscal del año 2017, se preveía para los períodos fiscales 2018 y 2019 la aplicación de una tasa del 30%, la que luego sería disminuida, desde el período fiscal 2020, al 25% (Ley 27.430 – BO. 29/12/17).

La intención, en principio, era reducir la tasa corporativa en la medida que se reinviertan las utilidades; caso contrario, la distribución de dividendos se gravaba al 7% y 13% según se trate de utilidades que hubieran tributado al 30% o 25%, respectivamente.

A pesar de haberse dispuesto por ley del Congreso la reducción de la carga fiscal en forma escalonada, no tardó mucho en verse truncado el propósito que la inspiró ya que a fines de 2019 se decidió disponer una nueva reforma que materializó la suspensión de la tasa del 25% que resultaba aplicable para los períodos fiscales 2020 en adelante, y se mantuvo la hasta entonces vigente del 30%.

Por otro lado, no podemos perder de vista que, a pesar del intento de reducir la carga fiscal a través de la disminución de las tasas proyectadas, vale recordar que la tributación efectiva venía reposando sobre tasas efectivas mucho más altas, al desconocer el proceso inflacionario que durante años venía azotando a nuestro país (se negaba hasta ese entonces poner operativo el ajuste por inflación impositivo).

Fuente El Cronista