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title: "Piden hasta 10 años de prisión para la cúpula de Luz y Fuerza en un juicio por defraudación y lavado"
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description: "Carlos Casas Nóblega reclamó duras penas para los principales referentes de Luz y Fuerza de Córdoba, acusados de maniobras millonarias entre 2011 y 2019."
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date_published: "2025-11-20T07:44:00-03:00"
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tags:
  - "Córdoba"
  - "delitos económicos"
  - "Luz y Fuerza"
  - "sindicalistas"
author_name: "Sergio Bustos"
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category_name: "Actualidad"
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# Piden hasta 10 años de prisión para la cúpula de Luz y Fuerza en un juicio por defraudación y lavado

![luz y fuerza](/download/multimedia.normal.99a0431bccba2d19.bm9ybWFsLndlYnA=.webp)

*Sindicalistas enjuiciados.*

El juicio que sacude al Sindicato Luz y Fuerza de Córdoba entró en su tramo decisivo. **El fiscal general ante el Tribunal Oral Federal 2, Carlos Casas Nóblega**, formalizó pedidos de pena que marcan uno de los capítulos judiciales más duros para la histórica organización. Las condenas solicitadas llegan hasta los 10 años de prisión y alcanzan a su exlíder, a la actual conducción y a los encargados de manejar las finanzas del gremio.

**La solicitud más elevada recayó sobre Gabriel Suárez, secretario general durante el período investigado, entre 2011 y 2019.** Para él, la Fiscalía pidió 10 años de prisión, ocho años de inhabilitación para ejercer cargos gremiales y una multa de $15,6 millones. Casas Nóblega sostuvo que Suárez fue uno de los arquitectos de una maniobra sistemática de desvío de fondos, lavado de activos y asociación ilícita.

El actual titular del sindicato, Jorge Molina Herrera, tampoco quedó al margen. El fiscal reclamó 9 años y 6 meses de prisión, ocho años de inhabilitación y una multa de $67,5 millones, la más alta del expediente. **Para el responsable de Finanzas en aquel período, Fernando Navarro, la pena solicitada es idéntica: 9 años y 6 meses**, inhabilitación por ocho años y una multa de $12,6 millones.

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La acusación señala a los tres como principales autores de las maniobras, que habrían implicado **el desvío intencional de cheques destinados al Fondo Compensador para jubilados y a la Obra Social del gremio**, con un perjuicio superior a $215 millones para el primero y más de $6 millones para la segunda. El mecanismo, según describió la Fiscalía, se basaba en la emisión de cheques a proveedores reales o ficticios que luego eran endosados a terceros vinculados a la mutual Ampes o a financieras externas, perdiendo trazabilidad antes de ser cobrados en el Banco Nación o el Banco de Córdoba.

El esquema incluía tres tipos de maniobras: cheques emitidos por Suárez, Navarro y Molina Herrera que eran redirigidos por intermediarios; **documentos puestos a nombre de apoderados como Alexis Fidelbo y José Ramón Galván y luego reendosados;** o directamente cheques cobrados por los propios apoderados. En casi todos los casos, los montos no superaban los $50 mil para evitar controles del Banco Central.

Además, la Fiscalía avanzó con pedidos de condena por lavado de activos contra Suárez, Molina Herrera y Navarro. Para fundamentarlo, analizó movimientos vinculados a compra de inmuebles, autos y divisas, presuntamente adquiridos con dinero obtenido de forma ilícita. **Un episodio que llamó la atención del tribunal fue la compra de fichas de casino por $13 millones realizada por Molina Herrera en 2012.**

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**El resto de los acusados también enfrenta pedidos de prisión:**

Daniel Edgardo Lozano: 5 años y 6 meses.

Roque Daniel Tapia: 5 años.

Alexis Daniel Fidelbo: 5 años.

José Ramón Galván: 5 años.

Yanina Victoria Molina: 3 años.

**La próxima etapa llegará el 28 de noviembre**, cuando los defensores —Ernesto Gavier, Tristán Gavier e Iván Mochovsky— presenten sus alegatos. El 1 de diciembre será la audiencia final, donde los acusados podrán pronunciar sus últimas palabras antes de que los jueces pasen a deliberar.

El caso, seguido de cerca por el sector gremial y político cordobés, podría marcar un precedente fuerte para el sindicalismo argentino: **la cúpula de una de las organizaciones históricas enfrenta las penas más duras solicitadas en años por delitos económicos cometidos dentro de una estructura sindical.**

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