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description: "El máximo tribunal confirmó el ingreso de fondos incautados a Lázaro Báez y avanza con el proceso de restitución al Estado tras la condena firme."
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author_name: "REDACCIÓN"
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# La Corte recibió dólares y pesos decomisados a Lázaro Báez por la causa Ruta del dinero K

![Lázaro Báez](/download/multimedia.normal.af54d4693eb01128.bm9ybWFsLndlYnA=.webp)

*Lázaro Báez*

La **Corte Suprema de Justicia de la Nación** informó que recibió **US$238.720 y más de 4 millones de pesos** incautados al empresario **Lázaro Báez**, en el marco del proceso de decomiso dispuesto en la causa conocida como **Ruta del dinero K**. Los fondos fueron transferidos desde cuentas judiciales y pasan a quedar bajo custodia directa del máximo tribunal.

La transferencia fue realizada por el **Tribunal Oral Federal 4**, presidido por **Néstor Costabel**, luego de que se activara la orden de avanzar con el decomiso de bienes hasta cubrir un monto superior a los **60 millones de dólares** fijados en la sentencia. A comienzos de este mes, la Corte puso en marcha el operativo formal para la restitución de los activos al Estado.

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Según se informó oficialmente, el tribunal dispuso **“su inscripción registral bajo la titularidad de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”**, en cumplimiento de los artículos 23 y 305 del Código Penal y del artículo 522 del Código Procesal Penal. La medida apunta a garantizar la correcta administración de los fondos decomisados dentro del ámbito judicial.

La condena dictada en **abril de 2021** por el TOF 4 estableció que los montos sujetos a decomiso alcanzan aproximadamente **US$61,13 millones**, distribuidos en varias partidas que incluyen **US$54,87 millones, US$5 millones, US$307.994 y US$950.000**, además de **$4,17 millones** ajustados por inflación según el índice del INDEC.

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El fallo también dejó asentado que, una vez firme la sentencia, debía ejecutarse el decomiso sobre la totalidad de los bienes embargados. Esa decisión fue confirmada por la **Cámara Federal de Casación Penal** en **febrero de 2023** y ratificada finalmente por la Corte Suprema en **mayo de 2025**.

La resolución contó con las firmas de los jueces **Horacio Rosatti**, **Carlos Rosenkrantz** y **Ricardo Lorenzetti**, quienes rechazaron los recursos presentados por los condenados y dejaron firme la ejecución del decomiso.

Desde que la sentencia quedó confirmada, el proceso generó tensiones institucionales a partir del **Decreto 575/2025**, mediante el cual el Poder Ejecutivo creó un Consejo de Bienes Recuperados bajo la órbita del Ministerio de Justicia. La iniciativa buscaba supervisar los activos decomisados, pero fue cuestionada por interferir en atribuciones judiciales.

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La **Unión de Empleados de la Justicia de la Nación** presentó una demanda al considerar que el decreto implicaba una intromisión en las competencias del Poder Judicial. La controversia se centró en la administración de los bienes y en la preservación de la independencia institucional.

En **octubre**, el juez federal **Pablo Cayssials** concedió una medida cautelar que suspendió la aplicación del decreto. En su resolución, sostuvo que la norma alteraba de manera inconstitucional el sistema de gestión de bienes ilícitos y afectaba la autonomía funcional y presupuestaria de la Corte Suprema.

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La investigación de la causa determinó que entre **diciembre de 2010 y abril de 2013** operó una **organización dedicada al lavado de dinero**, vinculada principalmente a la empresa **Austral Construcciones**, a través de la financiera SGI. El esquema incluyó la expatriación de fondos de origen ilícito y su posterior reingreso al país por **US$54.872.866,69**, mediante un entramado financiero con ramificaciones locales e internacionales.

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