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title: "Monteoliva sobre la baja de imputabilidad: “Es una necesidad fundamental para la Argentina”"
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  - "Alejandra Monteoliva"
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author_name: "REDACCIÓN"
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# Monteoliva sobre la baja de imputabilidad: “Es una necesidad fundamental para la Argentina”

![Alejandra Monteoliva. Foto eldoce.tv](/download/multimedia.normal.bf1346c068330369.bm9ybWFsLndlYnA=.webp)

*Alejandra Monteoliva. Foto eldoce.tv*

***La ministra Alejandra Monteoliva defendió el proyecto que llega al Congreso en extraordinarias. Habló de reeducación, penas según delito y coordinación para evitar cárceles de adultos.***

En la antesala del debate parlamentario de las sesiones extraordinarias, el Gobierno volvió a poner sobre la mesa la baja de la edad de imputabilidad. La discusión llega con un argumento central: la necesidad de que el Estado tenga una respuesta específica frente a delitos cometidos por menores. En ese marco, la ministra de Seguridad Nacional, **Alejandra Monteoliva**, salió a respaldar el proyecto y lo definió como **“una necesidad fundamental para la Argentina”**.

La funcionaria enmarcó la iniciativa como una herramienta para ordenar criterios de intervención ante hechos delictivos protagonizados por adolescentes. En radio, sostuvo que **“el proyecto va a permitir abordar los delitos cometidos por los menores y la respuesta del Estado”**. Y sumó un dato comparativo para justificar el impulso: **“En América Latina somos de los países con la edad de imputabilidad más alta”**.

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Más allá del número que se discuta, Monteoliva insistió con una línea que busca diferenciar la propuesta de un giro meramente punitivo. Dijo que **“el proyecto toma en serio este tema por primera vez”** y que **“busca promover la reeducación de estos menores”**. En ese mismo tramo, remarcó un límite: **“no se trata de ponerlos en lugares en los mismos lugares de detención en los que están los adultos”**.

Esa definición abrió otro punto sensible del debate: la infraestructura y el rol de las provincias y jurisdicciones. La ministra explicó que, para evitar el traslado de menores a cárceles comunes, **“hay que tener los lugares adecuados”**. Y planteó que eso implica **“una exigencia en cuanto a la coordinación con todas las jurisdicciones”**, un tema que suele tensionar la implementación real de cualquier esquema penal juvenil.

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En su defensa del proyecto, Monteoliva también apeló al mapa regional para mostrar que Argentina se ubica por encima de otros países en el umbral de imputabilidad. Afirmó: **“En America del Sur la mayoría de los países tienen la edad de imputabilidad entre los 13 y los 14 años”**. La comparación funciona como respaldo político, pero también instala una pregunta práctica: con qué sistema se acompaña ese cambio.

La ministra puso el foco, además, en el vínculo entre delito juvenil y crimen organizado. Definió a los menores como **“el combustible que tienen las organizaciones criminales para funcionar”**. Desde esa mirada, sostuvo que el Estado debe actuar para inhibir **“el reclutamiento ante la certeza de habrá una sanción”**, con el objetivo de cortar incentivos para que bandas utilicen a adolescentes en su estructura.

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Otro eje que buscó instalar es la diferenciación entre tipos de delitos y respuestas posibles. Monteoliva advirtió que **“no es lo mismo matar o violar que un robo de una bicicleta”**. En esa línea, explicó que el proyecto contempla **“otras penas alternativas según el tipo de delito”**, un punto que abre una discusión sobre escalas, gradualidad y criterios de aplicación.

El anuncio, en términos políticos, se apoya en una doble promesa: intervenir antes y hacerlo de manera distinta. La ministra intentó despegar la iniciativa de una salida de encierro indiscriminado, al insistir con circuitos separados y una lógica de reeducación. Al mismo tiempo, colocó el debate en clave de seguridad y crimen organizado, un enfoque que suele ordenar el discurso oficial en esta agenda.

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Con el tema en agenda legislativa, el Congreso queda como escenario de una disputa que mezcla urgencia, gestión y diseño institucional. La discusión no solo gira alrededor de la edad, sino sobre qué herramientas tendrá el Estado, qué recursos se asignarán y cómo se coordinará con las provincias. En esa tensión, el oficialismo busca convertir el proyecto en una señal de rumbo y en una respuesta concreta frente a delitos cometidos por menores.

Fuente: NA.

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