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title: "Argentina incluye al Cartel de Jalisco en la lista terrorista y habilita sanciones financieras"
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description: "El Gobierno incorporó al Cartel de Jalisco Nueva Generación al registro de terrorismo y habilitó sanciones financieras y restricciones operativas en el país."
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date_published: "2026-03-26T20:37:00-03:00"
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tags:
  - "Argentina"
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author_name: "REDACCIÓN"
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category_name: "Política"
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# Argentina incluye al Cartel de Jalisco en la lista terrorista y habilita sanciones financieras

La decisión del Gobierno incorpora al grupo narco al registro oficial y permite bloquear operaciones vinculadas a sus actividades en el país.

![Cartel de Jalisco Nueva Generación](/download/multimedia.normal.8b22dbc4fabd7236.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp)

*Cartel de Jalisco Nueva Generación*

El sistema financiero argentino sumó un nuevo nivel de control tras la incorporación de una organización criminal extranjera a su listado de entidades terroristas. La medida implica restricciones concretas sobre movimientos económicos y operaciones vinculadas a ese grupo. El alcance impacta tanto en la prevención como en la cooperación internacional en materia de seguridad.

El Gobierno Nacional resolvió incluir al **Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG)** en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento (**RePET**). La decisión fue comunicada oficialmente por la Oficina del Presidente y se enmarca dentro de compromisos asumidos por Argentina en la lucha contra el terrorismo. La incorporación habilita herramientas legales específicas para actuar sobre activos y operaciones.

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Desde el Ejecutivo explicaron que la medida fue adoptada en conjunto con áreas clave del Estado, entre ellas Cancillería, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia. La coordinación entre organismos busca consolidar un abordaje integral frente a organizaciones criminales transnacionales. El registro funciona como instrumento central dentro de esa estrategia.

**“El Gobierno Nacional dispuso la incorporación del CJNG al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de terrorismo”**, señalaron en el comunicado oficial. La inclusión en esa base implica un cambio en el tratamiento legal del grupo dentro del país. A partir de ahora, se aplican normativas específicas previstas para terrorismo.

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Uno de los efectos inmediatos es la posibilidad de aplicar sanciones económicas y limitar operaciones. **“La inscripción habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas”**, detallaron desde el documento. Estas medidas apuntan a reducir la capacidad de acción de la organización.

El Gobierno también destacó que la decisión busca resguardar el sistema financiero local. La inclusión en el registro permite bloquear eventuales intentos de utilización de estructuras económicas argentinas para actividades ilícitas. La medida se orienta a prevenir circuitos de lavado o financiamiento.

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Otro de los objetivos es fortalecer la cooperación con otros países que ya avanzaron en la misma dirección. La clasificación como organización terrorista facilita el intercambio de información y la coordinación de acciones judiciales. Ese aspecto adquiere relevancia en investigaciones de carácter transnacional.

El CJNG es considerado uno de los grupos narcocriminales con mayor expansión en los últimos años. Surgió en 2010 tras separarse del Cártel de Sinaloa y extendió su presencia fuera de México. Según datos oficiales, opera en decenas de países, incluida Argentina.

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En el comunicado, el Gobierno remarcó la línea de acción adoptada en materia de seguridad. **“El presidente Javier Milei reafirma su compromiso con la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo”**, indicaron. La decisión se suma a otras designaciones realizadas previamente.

La inclusión del cartel en el registro no implica una acción directa sobre territorio argentino, pero sí establece un marco legal para intervenir ante eventuales vínculos o actividades. El impacto se concentra en el plano preventivo y financiero. La medida amplía las herramientas disponibles para el Estado.

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