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  - "Javier Milei"
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# Intercargo quedó en el centro de una denuncia que apunta directo a Milei y Caputo

La presentación judicial cuestiona el valor fijado para privatizar la empresa estatal y abre un nuevo choque entre el Gobierno y los gremios aeronáuticos.

![(APA) denunció penalmente al presidente Javier Milei, al ministro de Economía Luis Caputo y al ex titular del BICE, Maximiliano Voss.](/download/multimedia.normal.85e6cf6522c3f590.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp)

*(APA) denunció penalmente al presidente Javier Milei, al ministro de Economía Luis Caputo y al ex titular del BICE, Maximiliano Voss.*

La privatización de Intercargo sumó este jueves un frente inesperado en los tribunales federales. La Asociación del Personal Aeronáutico (APA) denunció penalmente al presidente **Javier Milei**, al ministro de Economía **Luis Caputo** y al ex titular del BICE, **Maximiliano Voss**, por presuntas irregularidades en la valuación de la empresa estatal que el Gobierno busca vender en el marco de su programa de privatizaciones. El expediente quedó radicado en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3.

El conflicto no gira solamente alrededor de la venta de una empresa pública. El punto más sensible aparece en el monto elegido como base para avanzar con la licitación internacional. La Resolución 282/2026 del Ministerio de Economía estableció una valuación cercana a los 45 millones de dólares y desde el sindicato sostienen que esa cifra no coincide con la situación económica real de la compañía ni con los números que circulan dentro del mercado aerocomercial.

La denuncia presentada por APA acusa a los funcionarios por los delitos de **“defraudación por administración fraudulenta”, “defraudación contra la administración pública” y “falsedad ideológica”**. El gremio sostiene que el valor asignado a Intercargo podría provocar un perjuicio económico para el Estado y puso bajo sospecha todo el procedimiento administrativo utilizado para fijar el precio de venta de la empresa.

Intercargo ocupa un lugar estratégico dentro del sistema aeronáutico argentino porque presta servicios de rampa, carga, descarga de equipaje y asistencia en tierra en distintos aeropuertos del país. Durante años mantuvo una posición dominante dentro de ese mercado y el Gobierno nacional ya había iniciado un proceso de desregulación para habilitar el ingreso de nuevos operadores privados. Ahora, la discusión escaló mucho más allá de la competencia comercial y quedó atravesada por la pelea política y judicial.

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En el sector aeronáutico circulaba desde hace tiempo el dato de que la empresa mostraba balances positivos y niveles de rentabilidad atractivos para posibles inversores. Ese punto aparece como uno de los principales argumentos de la denuncia sindical. Desde APA consideran “inexplicable” que una firma con activos importantes y resultados económicos favorables termine valuada en una cifra que consideran baja para el volumen operativo que maneja dentro del sistema aeroportuario argentino.

La tasación oficial quedó en manos del Banco de Inversión y Comercio Exterior. El BICE utilizó el método de flujo de fondos descontados, una herramienta habitual en procesos de valuación empresaria. Sin embargo, el gremio cuestionó que el Gobierno eligiera a esa entidad para realizar el cálculo y planteó que podrían haber intervenido organismos con mayor trayectoria específica en tasaciones públicas.

Dentro de la presentación judicial también aparece una advertencia sobre el impacto laboral que podría generar la privatización. Según estimaciones sindicales, Intercargo está vinculada a alrededor de 1.500 trabajadores del sector aeronáutico. El temor gremial apunta a que una eventual transferencia total al sector privado termine afectando puestos de trabajo, condiciones laborales y la continuidad de algunos servicios considerados estratégicos.

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Desde APA afirmaron que la denuncia busca **“evitar una posible estafa al pueblo argentino”** y anticiparon que el conflicto no se limitará a los tribunales. El sindicato adelantó que impulsará medidas en el plano gremial mientras avanza la causa judicial. Esa definición suma presión sobre un sector que ya venía acumulando tensiones por la desregulación aerocomercial impulsada por la administración libertaria.

El Gobierno, por su parte, sostiene que el proceso se ajusta a estándares internacionales y defiende el esquema previsto en la Ley Bases, que habilitó la venta total del paquete accionario de Intercargo mediante licitación pública nacional e internacional. El plan oficial contempla la transferencia completa de la empresa sin participación estatal residual y con exigencias operativas para garantizar el funcionamiento durante la transición.

La investigación federal ahora deberá determinar si existieron irregularidades en la valuación y si el proceso administrativo respetó los parámetros legales correspondientes. Mientras tanto, la privatización de Intercargo quedó atrapada en una disputa que mezcla política, negocios, empleo y el control de uno de los servicios más sensibles del sistema aerocomercial argentino.

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