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title: "Crean un cuerpo especial antimafia para blindar los proyectos millonarios del RIGI"
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description: "El Ministerio de Seguridad controlará el lavado de dinero y la extorsión en inversiones en minería e infraestructura con una mesa federal público-privada."
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date_published: "2026-05-20T10:10:00-03:00"
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tags:
  - "energía"
  - "fuerzas federales"
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  - "Ministerio de Seguridad"
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  - "RIGI"
author_name: "REDACCIÓN"
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# Crean un cuerpo especial antimafia para blindar los proyectos millonarios del RIGI

**El Ministerio de Seguridad controlará el lavado de activos y las extorsiones en sectores como minería e infraestructura, sumando a empresas privadas.**

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Las corporaciones mafiosas intentan la infiltración en los circuitos comerciales lícitos para reciclar sus flujos de dinero negro. El arribo de capitales masivos a zonas desprovistas de controles rigurosos desata la preocupación estatal sobre posibles maniobras de **lavado de activos, extorsión y corrupción**. Frente a este peligro estructural, el gobierno nacional dispuso una fiscalización preventiva sobre los entornos económicos de los megaemprendimientos productivos.

El despliegue burocrático de este nuevo órgano integrará de forma directa a la **Unidad Antimafia** y al Centro Regional en la mesa de control permanente. Estas terminales especializadas procesarán información de inteligencia criminal antes de que las bandas complejas consigan captar rentas ilícitas dentro de los emprendimientos privados. La intención de los analistas ministeriales radica en blindar las obras civiles frente a sabotajes o presiones antes de que los conflictos escalen a una fase operativa inmanejable.

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La custodia del capital nacional y extranjero requiere un mapa de acción federal debido a la enorme dispersión geográfica de las propuestas en evaluación. Las autoridades identificaron actividades sensibles en distritos distantes como **San Juan, Catamarca, Salta, Mendoza, Río Negro, Neuquén y Buenos Aires**. Esta diversidad de escenarios obliga a unificar criterios entre las policías locales y las dependencias federales para proteger redes de infraestructura civil muy diferentes entre sí.

Los números duros que maneja el sector corporativo justifican esta vigilancia extrema sobre las cadenas logísticas del interior del país. Hacia fines de 2025, el esquema del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones registraba **cerca de una de una decena de proyectos aprobados**, representando desembolsos por más de 13.000 millones de dólares. Asimismo, los equipos técnicos del Ministerio de Economía mantienen bajo análisis una cartera activa de más de 20 iniciativas adicionales que demandarán protección territorial.

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La resolución oficial estableció que el funcionamiento de esta estructura interagencial no demandará fondos adicionales de las arcas del Estado. La herramienta administrativa nace bajo una estricta condición de **erogación presupuestaria cero**, limitándose a ser un espacio de intercambio de datos analíticos de las fuerzas federales. Esta restricción financiera obligará a optimizar los recursos existentes en las delegaciones policiales de la Gendarmería y la Prefectura apostadas en las provincias petroleras y mineras.

El reglamento promueve además la incorporación voluntaria de los eslabones logísticos privados mediante canales formales de reporte de incidentes. Los directivos empresariales, contratistas principales, **operadores logísticos y transportistas** podrán sumarse a las mesas técnicas de trabajo sin que esto les signifique una carga regulatoria extra. El Ministerio de Seguridad Nacional diseñará protocolos sectoriales específicos y capacitaciones para que el personal privado detecte maniobras de infiltración en el transporte de materiales pesados.

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La conducción de este espacio de coordinación multisectorial quedó delegada de manera conjunta en dos áreas sensibles del organigrama nacional. La **Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada** compartirá la jefatura operativa de los encuentros con la Secretaría de Seguridad Nacional. Ambas oficinas centralizarán las denuncias sobre intentos de coerción mafiosa y articularán el accionar con organismos civiles como la SEDRONAR cuando el escenario territorial lo requiera.

La meta explícita de la normativa busca de forma directa consolidar un escudo preventivo que cuide el patrimonio estratégico promovido por el Poder Ejecutivo. El texto reglamentario fijó que la prioridad absoluta de la mesa será **“fortalecer la prevención y mitigación de riesgos asociados al narcotráfico y la criminalidad organizada que puedan afectar proyectos de inversión estratégica, sus áreas de influencia y las infraestructuras críticas vinculadas”**. El cumplimiento de este mandato exigirá una sintonía fina entre los intendentes locales y los jefes de las fuerzas federales asignados al resguardo de las zonas de valor.

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El éxito final de esta política de prevención criminal dependerá de la capacidad real del Estado para vigilar las áreas de frontera sin burocratizar el comercio lícito. Las mineras y energéticas que inyectan dólares frescos exigen garantías para el libre tránsito en las **rutas, puertos y campamentos de perforación** alejados de los grandes centros urbanos. La conformación de este espacio de intercambio deja planteado el interrogante de si la mera articulación informativa bastará para repeler la sofisticación de las bandas transnacionales que buscan colonizar la economía formal.

Fuente: NA.

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