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title: "Un club quedó al borde del remate judicial por una deuda millonaria"
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date_published: "2026-05-21T06:06:00-03:00"
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author_name: "Sergio Bustos"
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category_name: "Actualidad"
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# Un club quedó al borde del remate judicial por una deuda millonaria

La Justicia ordenó embargar el predio del club sanantoniense y **le dio cinco días para pagar casi 447 millones de pesos.**La causa se originó tras la muerte de Nico Gutiérrez, el joven que recibió una descarga eléctrica al tocar el alambrado perimetral de la cancha.

![club embargado](/download/multimedia.normal.85a787f443da5a73.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp)

*Uno de los bienes embargados.*

El conflicto judicial por la muerte de Nico Gutiérrez sumó un capítulo que golpea de lleno al Club Atlético Racing de San Antonio Oeste. **La jueza Vanessa Kozaczuk dictó una sentencia monitoria que obliga a la institución y a Paulo Darío Sandoval a afrontar una deuda millonaria**, mientras el expediente ya ingresó en una etapa que habilita medidas concretas sobre el inmueble vinculado a la causa.

La resolución salió desde el Juzgado Civil 9 y hace lugar a la ejecución impulsada por los padres de la víctima, quienes actuaron en representación de sus hijos. **El fallo fija un monto de $446.922.925,03 en concepto de capital reclamado y además dispone avanzar sobre los derechos** y acciones que el club posee sobre el predio identificado como NC:17-1-C-240-04.

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La causa judicial se desprende de la muerte de Nico Gutiérrez, **ocurrida luego de que el joven sufriera una descarga eléctrica al entrar en contacto con el alambrado perimetral de la cancha.** A partir de ese hecho, la familia inició acciones judiciales que derivaron en esta instancia de ejecución patrimonial contra el club sanantoniense y el otro demandado.

**El expediente no quedó solamente en una condena económica.**La magistrada ordenó trabar embargo hasta cubrir una suma total de $483.794.066,35, cifra que incluye honorarios profesionales, a la que todavía deberán sumarse costos y costas judiciales. Esa medida implica que el inmueble no podrá venderse ni hipotecarse mientras siga vigente la ejecución.

La situación abre un escenario delicado para la institución deportiva porque el proceso puede derivar directamente en una subasta pública. **La sentencia advierte que los demandados tienen cinco días para cumplir voluntariamente con el pago**o presentar las excepciones contempladas en el nuevo Código Procesal Civil y Comercial. Si eso no ocurre, el expediente avanzará hacia el cumplimiento forzado.

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La decisión judicial también ordena librar oficios a la Inspección General de Personas Jurídicas de Río Negro y al Registro de la Propiedad Inmueble. **El objetivo es anotar formalmente la litis y efectivizar el embargo dispuesto por el tribunal.**Con ese paso administrativo, la medida cautelar comenzará a impactar de manera efectiva sobre el patrimonio involucrado en la causa.

En los hechos, el embargo funciona como una restricción preventiva sobre el inmueble. Mientras la deuda siga impaga**, cualquier operación sobre el predio queda limitada por la orden judicial.**Si no aparece una solución económica o procesal, el expediente puede terminar en un remate destinado a cubrir el monto reclamado por la familia de la víctima.

**La jueza Kozaczuk también reguló honorarios para los abogados de la parte actora**, Augusto G. Collado y Fernando A. Casadei. Esa regulación todavía puede modificarse porque quedará firme únicamente si la parte ejecutada no presenta excepciones ni interpone recursos dentro de los plazos establecidos.

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**El fallo se apoya en el artículo 452 del nuevo Código Procesal Civil y Comercial,** norma que habilita este tipo de ejecuciones rápidas cuando existe una obligación respaldada judicialmente. En paralelo, el tribunal recordó a los demandados que pueden recurrir a las excepciones previstas en el artículo 453, aunque el tiempo procesal para hacerlo quedó reducido a apenas cinco días.

**La causa por la muerte de Nico Gutiérrez vuelve así a colocar al club sanantoniense en el centro de la escena judicial.**Esta vez, no solamente por las responsabilidades discutidas en el expediente, sino también por el riesgo concreto de perder el control sobre un inmueble si no logra afrontar una condena que ya supera ampliamente los 440 millones de pesos.

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