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title: "Ofrecen 40 millones de pesos por datos sobre ocho prófugos de una red internacional de armas"
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description: "El Gobierno nacional dispuso recompensas de 5 millones de pesos por cada uno de los ocho prófugos de la banda internacional de tráfico de armas."
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date_published: "2026-05-21T09:33:00-03:00"
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  - "Alejandra Monteoliva"
  - "Boletín Oficial"
  - "línea 134"
  - "Mendoza"
  - "tráfico de armas"
author_name: "REDACCIÓN"
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category_name: "Policiales"
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category_description: "Conocé los últimos hechos policiales en LU17.com: noticias sobre seguridad, investigaciones y sucesos relevantes de Chubut y toda la Argentina."
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# Ofrecen 40 millones de pesos por datos sobre ocho prófugos de una red internacional de armas

**El Ministerio de Seguridad fijó recompensas individuales para quebrar los pactos de silencio de cinco chilenos y tres argentinos prófugos desde hace años.**

![Prófugos de una red de tráfico de armas](/download/multimedia.normal.bf4c1f50cb608885.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp)

*Prófugos de una red de tráfico de armas*

Las órdenes de captura emitidas por la Justicia argentina escalaron a nivel global tras comprobarse que los sospechosos lograron burlar los primeros controles fronterizos. El entramado delictivo arrastra requerimientos de detención vigentes en el país desde el **22 de mayo de 2024**, una condición judicial que debió extenderse al plano global el **22 de agosto de 2025** mediante circulares internacionales. Esta doble instancia de persecución penal evidencia el nivel de blindaje y la capacidad de ocultamiento que ostentan los involucrados fuera de los límites provinciales ordinarios.

La conformación de la organización clandestina ratifica un aceitado despliegue transfronterizo debido a la convivencia de delincuentes de distintas procedencias geográficas. Entre los buscados aparecen los ciudadanos de origen chileno Franco Simón Basaez Vilchez, apodado **“El Javi”**, Lisandro Eduardo Basaez Morales, conocido como **“El enano petiso”**, Kevin Matías Sandoval González, Yoel Ignacio Beaumont Sandoval y Aldana Matilde Glaria Orellana. El ala local de la estructura civil estaba compuesta por los imputados argentinos **Carlos Damián Algañaraz**, alias “El Porteño”, Zaira Nahir Basaez y Selene Anahí Obregón.

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El canal formal establecido por las autoridades federales para quebrar el hermetismo que protege a los sospechosos garantiza el anonimato absoluto de los informantes voluntarios. Toda persona que posea datos fidedignos sobre los paraderos podrá canalizar su testimonio sin necesidad de presentarse físicamente en una delegación policial o judicial. El protocolo oficial dictado por el Ministerio de Seguridad de la Nación advierte explícitamente: **“Quienes cuenten con información podrán comunicarse telefónicamente con el Programa Nacional de Recompensas dependiente de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los poderes judiciales y los Ministerios públicos de este Ministerio, llamando a la línea gratuita 134”**.

El desembolso económico dispuesto por el Estado nacional asciende de forma individual a los **5.000.000 de pesos** por cada información certera que finalice en una detención civil. El presupuesto total asignado a la resolución oficial alcanza un techo potencial de **40.000.000 de pesos** en caso de localizar a la totalidad de los miembros evadidos de la ley. Sin embargo, la reglamentación excluye expresamente a cualquier persona que haya tenido algún grado de participación en los delitos de contrabando investigados, restringiendo el cobro exclusivamente a terceros ajenos a las maniobras de la banda.

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La intervención administrativa responde a un requerimiento formal unificado por el titular del **Juzgado Federal N° 3 de Mendoza**, magistrado Marcelo Fabián Garnica. El juez solicitó el auxilio financiero del Poder Ejecutivo al comprobar que los métodos tradicionales de las brigadas de investigaciones resultaban insuficientes para dar con el paradero de los civiles imputados. La causa penal se concentra en dilucidar las redes del **tráfico internacional de armas**, un delito de competencia federal que demanda una constante coordinación con las fuerzas de seguridad de los países limítrofes.

El ofreciendo de los fondos públicos quedó rubricado de manera formal a través de la publicación de la **Resolución 462/2026** en el Boletín Oficial de este jueves. El documento que legaliza las partidas presupuestarias lleva la firma de la ministra **Alejandra Monteoliva**, máxima autoridad del área de seguridad a nivel nacional. La normativa establece que los desembolsos se harán efectivos únicamente después de que el juzgado interviniente ratifique el valor y la utilidad de las declaraciones ciudadanas recibidas por teléfono.

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La ingeniería de la disposición estatal fija reglas estrictas para evitar que el sistema se sature con testimonios falsos o pistas introducidas de forma maliciosa. Las pautas exigen que los ciudadanos acerquen **“datos útiles que permitan lograr la captura”** de los sospechosos detallados en el listado binacional. Las autoridades mantendrán bajo un estricto secreto la identidad de los colaboradores de la línea gratuita para proteger su integridad física frente a posibles represalias de los miembros que sigan activos en las calles.

Las especificaciones difundidas por la cartera de seguridad nacional omiten describir con precisión cuáles eran las tareas logísticas asignadas a cada prófugo dentro de la red transfronteriza. Esta reserva de datos se mantiene para resguardar el éxito de las futuras indagatorias y evitar que las bandas rivales conozcan las debilidades del expediente que tramita en **Mendoza**. Toda la reconstrucción de los roles jerárquicos, las rutas de abastecimiento y el destino final del armamento ilegal quedará estrictamente bajo la órbita del juzgado federal.

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El uso de incentivos económicos representa un recurso de última instancia operativa para intentar agilizar expedientes penales que corren el serio riesgo de paralizarse por el paso del tiempo. La permeabilidad de los pasos fronterizos de la cordillera andina condiciona el éxito de las medidas oficiales debido a la facilidad con la que estos grupos se desplazan entre territorios nacionales. La efectividad real del **Programa Nacional de Recompensas** se medirá en la capacidad de transformar los nombres impresos en papel en detenciones concretas e inmediatas.

Fuente: NA.

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