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title: "Las empresas presionan para borrar los octógonos negros de los alimentos"
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# Las empresas presionan para borrar los octógonos negros de los alimentos

El Gobierno prepara un proyecto para eliminar la ley de etiquetado frontal y apunta contra una regulación resistida por la industria.

![El oficialismo trabaja en una iniciativa para derogar la Ley de Etiquetado Frontal.](/download/multimedia.normal.97d9ad576c0b57c8.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp)

*El oficialismo trabaja en una iniciativa para derogar la Ley de Etiquetado Frontal.*

Los envases con advertencias negras sobre exceso de azúcar, sodio, grasas y calorías podrían desaparecer de las góndolas argentinas si prospera uno de los proyectos que la Casa Rosada planea enviar al Congreso. El oficialismo trabaja en una iniciativa para derogar la Ley de Etiquetado Frontal, una norma sancionada en 2021 que obligó a modificar productos, campañas publicitarias y diseños de packaging en toda la industria alimenticia.

La medida forma parte de una nueva etapa de desregulación impulsada por el Gobierno nacional, que busca reducir intervenciones estatales sobre distintos sectores económicos. Dentro del oficialismo encuadran esta ofensiva dentro de la llamada **“batalla cultural”**, una estrategia que apunta a eliminar regulaciones que consideran innecesarias o excesivas.

La ley vigente estableció que alimentos envasados y bebidas analcohólicas deben exhibir octógonos negros en la cara principal de sus envases cuando superan determinados niveles de azúcares, sodio, grasas o calorías. Además, incorporó advertencias rectangulares para productos con cafeína o edulcorantes y sumó restricciones sobre publicidad dirigida a chicos.

El alcance de la norma impactó especialmente sobre productos que utilizaban personajes infantiles, promociones o regalos en sus envases. Desde la entrada en vigencia de la ley, aquellos alimentos que poseen al menos un sello quedaron impedidos de utilizar ese tipo de recursos visuales destinados al público infantil.

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Dentro del Gobierno reconocen que el impulso actual para eliminar la normativa está directamente relacionado con los reclamos de las empresas alimenticias. El sector empresario resistió la ley desde el comienzo y sostiene que las exigencias argentinas complican la producción regional y encarecen los procesos industriales.

Uno de los principales cuestionamientos aparece vinculado con la falta de criterios comunes entre países sudamericanos. Mientras Argentina utiliza octógonos negros, Uruguay aplica un esquema diferente y Chile trabaja con un sistema de “semáforo”. Brasil, por su parte, comparte parte de la lógica de sellos pero utiliza otros parámetros para definir cuándo corresponde incorporarlos.

Esa diferencia obliga a muchas compañías internacionales a desarrollar envases distintos para cada mercado. Las empresas que exportan o producen para varios países deben modificar diseños, etiquetas y procesos según cada legislación nacional, una situación que el sector considera costosa y poco práctica.

La posibilidad de unificar criterios regionales aparece hoy prácticamente descartada. Aunque una homologación permitiría reducir diferencias y simplificar el sistema para las compañías, desde el oficialismo no muestran intención de impulsar acuerdos internacionales vinculados al etiquetado nutricional.

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La ofensiva contra la ley llega además pocos días después de que el oficialismo consiguiera media sanción para la denominada ley Hojarasca, un proyecto orientado a eliminar más de 60 normas consideradas obsoletas o incompatibles con la Constitución. La futura iniciativa contra el etiquetado frontal aparece alineada con esa misma lógica de reducción regulatoria.

El debate político sobre la norma ya había dividido posiciones cuando el Congreso aprobó el proyecto en 2021. Dentro del PRO coexistieron votos negativos y abstenciones, una fractura que todavía persiste. En paralelo, el exdiputado **Alejandro Bongiovanni** y la diputada **Daiana Fernández Molero** ya habían impulsado anteriormente una propuesta para derogar la ley.

El proyecto todavía no ingresó formalmente al Congreso, aunque en el oficialismo aseguran que su presentación será inminente. Si finalmente avanza, volverá a instalar una discusión que mezcla regulación estatal, consumo, industria alimenticia y criterios de salud pública dentro de uno de los debates más sensibles alrededor de los productos que llegan diariamente a las góndolas.

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