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date_published: "2026-05-23T09:40:00-03:00"
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# La pelea por la Hidrovía llegó a la Justicia y apuntó contra el corazón de la licitación

Ambientalistas, legisladores y organizaciones judicializaron la concesión del Paraná. El dictamen que habló de un informe “apócrifo” aceleró el conflicto.

![El expediente busca frenar el proceso licitatorio impulsado por el Gobierno nacional.](/download/multimedia.normal.80d2e3fbd3e0b5f5.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp)

*El expediente busca frenar el proceso licitatorio impulsado por el Gobierno nacional.*

Una presentación judicial quedó en manos del juez federal **Sebastián Casanello** y empezó a modificar el clima alrededor de la futura concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay. El expediente busca frenar el proceso licitatorio impulsado por el Gobierno nacional para entregar durante 30 años el dragado y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal, una infraestructura por donde circula gran parte del comercio exterior argentino. La ofensiva combina denuncias ambientales, cuestionamientos técnicos y sospechas sobre la transparencia del procedimiento.

La cautelar fue presentada por **Naturaleza de Derechos**, el **Observatorio del Derecho a la Ciudad** y el movimiento **La Ciudad Somos Quienes La Habitamos**, luego de un dictamen elaborado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. Ese documento sostuvo que el proceso contiene anomalías de gravedad y pidió formalmente la impugnación de la licitación organizada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación.

El punto que más impacto provocó dentro del expediente aparece vinculado a un informe atribuido a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Los peritos informáticos convocados durante la investigación concluyeron que ese material presentado por el Gobierno como respaldo técnico “**es apócrifo**”. La definición quedó incorporada al dictamen oficial y profundizó los cuestionamientos sobre la validez de parte de la documentación utilizada durante la licitación.

La discusión alrededor de la Hidrovía ya no gira solamente alrededor de barcos, puertos y dragado. El conflicto empezó a sumar sectores culturales, dirigentes políticos, sindicatos y organizaciones ambientalistas que sostienen que el modelo planteado para el río podría alterar de manera permanente uno de los corredores fluviales más importantes de Sudamérica. La preocupación atraviesa tanto la dimensión económica como la ecológica y pone el foco sobre el control futuro del Paraná.

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Dentro de ese entramado aparece la figura del diputado nacional **Jorge Taiana**, que empezó a coordinar reuniones y acciones políticas para reunir distintos sectores críticos del proceso. El ex canciller presentó proyectos parlamentarios para pedir la suspensión inmediata de la licitación y promovió una solicitada firmada por referentes políticos y personalidades de la cultura. Para el legislador, **“estamos ante un proceso plagado de irregularidades y observaciones de enorme gravedad institucional”**.

La estrategia política avanzó también dentro de la Cámara de Diputados. Allí se realizó un encuentro con legisladores de Unión por la Patria, especialistas, activistas ambientales y representantes sindicales vinculados a la defensa del río Paraná. La reunión buscó construir una agenda común frente al proceso licitatorio y consolidar posiciones alrededor de la soberanía sobre la vía navegable, considerada estratégica para las exportaciones argentinas y el funcionamiento del sistema productivo.

En paralelo, el Gobierno nacional confirmó que las empresas **Jan de Nul** y **DEME** avanzarán hacia la instancia final de evaluación técnica. Ese movimiento terminó de acelerar la reacción de las organizaciones que ven en la concesión un esquema de concentración económica alrededor del comercio agroindustrial. Por la Hidrovía circula buena parte de las exportaciones del continente y quienes cuestionan el proceso sostienen que el manejo del corredor fluvial podría fortalecer el poder de grandes corporaciones vinculadas al negocio de alimentos y mercancías.

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Los reparos ambientales ocupan otro tramo central de la discusión. Las organizaciones sostienen que las empresas interesadas en la explotación de la Hidrovía buscan ampliar la profundidad del canal navegable hasta los 44 pies. Actualmente el sistema funciona con niveles de entre 34 y 37 pies, establecidos durante la privatización de los años noventa. La diferencia no aparece solamente como un dato técnico: detrás de esa modificación se juega el equilibrio hídrico de humedales, lagunas y bañados que forman parte del ecosistema del Paraná.

La hipótesis planteada por los grupos ambientalistas sostiene que una profundización mayor del dragado reforzaría el escurrimiento del agua y aceleraría procesos de secado en distintas zonas ribereñas. Esa alteración impactaría sobre la pesca artesanal, la ganadería y las actividades turísticas vinculadas al río. El planteo quedó reforzado además por otro señalamiento incluido dentro del dictamen oficial: la ausencia de estudios de impacto ambiental y la falta de mecanismos de participación ciudadana y federal durante la licitación.

El expediente judicial ahora concentra una disputa que mezcla infraestructura, comercio exterior, recursos naturales y control territorial sobre uno de los sistemas fluviales más extensos del continente. La resolución que adopte la Justicia no sólo puede alterar el calendario de la concesión impulsada por el Gobierno nacional, sino también definir bajo qué condiciones quedará administrada una vía estratégica para la economía argentina y para miles de personas que dependen directamente del Paraná para trabajar y vivir.

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