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title: "Las pericias telefónicas complican a Manuel Adorni por presunto intento de direccionar testimonios"
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description: "La Justicia analiza los audios del contratista de Manuel Adorni sobre la obra de 245 mil dólares en medio de la presión por su declaración jurada."
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  - "Ariel Lijo"
  - "Comodoro Py"
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# Las pericias telefónicas complican a Manuel Adorni por presunto intento de direccionar testimonios

Los chats y audios recuperados del celular del contratista a cargo de las refacciones residenciales exponen las directivas del funcionario nacional antes de las declaraciones en Comodoro Py.

![Manuel Adorni vocero presidencial](/download/multimedia.normal.b15eef59dd47a710.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp)

*Manuel Adorni vocero presidencial*

Los tribunales federales recibirán a fines de esta semana el vuelco completo de los datos extraídos del teléfono celular de **Matías Tabar**, el constructor que ejecutó la remodelación edilicia en el lote 380 del country Indio Cua. El peritaje técnico sobre el dispositivo móvil arrojará registros de mensajería instantánea, imágenes y registros de voz que detallan la ruta del dinero utilizado para costear las obras de la vivienda familiar. La documentación digital recopilada por la fiscalía no solo ratifica los montos de la transacción inmobiliaria, sino que expone las llamadas reiteradas destinadas a unificar los relatos de los involucrados ante las citaciones de la Justicia.

Las comunicaciones analizadas demuestran que las exigencias presupuestarias de la obra se resolvían mediante pagos en moneda extranjera billete para la cancelación de los servicios de los operarios y artesanos abocados al diseño de treinta de seis muebles a medida. Las directivas verbales enviadas por **Manuel Adorni** contrastaban con sus declaraciones públicas sobre las limitaciones de sus ingresos en las etapas previas de la gestión pública. Las constancias materiales aportadas por el constructor incluyen facturas y remitos que documentan los desembolsos en efectivo realizados a lo largo de los doce meses que demandaron las reformas estructurales de la propiedad.

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La filtración de las tratativas para alinear las declaraciones ante el fiscal **Gerardo Pollicita** provocó fisuras en la estructura política que sostiene al Ejecutivo nacional en los ámbitos legislativos. La resistencia del contratista a aceptar la asistencia de los equipos técnicos del funcionario quedó plasmada en los textos donde solicitaba explícitamente interrumpir los contactos debido a la afectación de su entorno familiar. Los intentos por coordinar las versiones mediante el uso de mensajes con modalidad de auto-borrado no impidieron la recuperación de las piezas de audio por parte de los peritos tecnológicos de la causa.

El frente judicial del vocero reconvertido incluye una segunda línea de investigación que tramita ante el juzgado de **Ariel Lijo** y que podría derivar en una citación a indagatoria en un plazo estimado de quince días. Este expediente busca determinar la existencia de negociaciones incompatibles con la función pública vinculadas a un traslado privado hacia Punta del Este financiado por el empresario **Marcelo Grandio**. La Justicia concentra sus tareas en el entrecruzamiento de llamadas telefónicas para verificar los nexos entre los pasajeros del vuelo y los directivos de una productora beneficiada con pautas comerciales en la estructura de la Televisión Pública.

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El malestar interno por la parálisis explicativa del entorno del jefe de Gabinete quebró el alineamiento automático de figuras de peso institucional dentro del oficialismo y sus aliados parlamentarios. Las demandas públicas de transparencia iniciadas por la ministra de Seguridad, **Patricia Bullrich**, encontraron eco en las declaraciones de los legisladores nacionales **Luis Juez** y **Francisco Paoltroni**. El senador cordobés fijó una postura drástica al señalar que **"mi límite es la corrupción"**, evidenciando que el costo político del escándalo residencial comenzó a horadar la cohesión de los bloques oficialistas en el Congreso.

Los reproches internos se agudizaron tras la difusión de los testimonios judiciales del 4 de mayo, donde se constató que las erogaciones en efectivo para la demolición y redecoración de la vivienda sumaron un total de **245 mil dólares**. Esta cifra, cancelada enteramente en billetes físicos, operó como el detonante de las discusiones más álgidas en el seno del elenco de ministros, debido a que el inmueble fue adquirido a finales de 2024 y omitido de los registros patrimoniales obligatorios. Las demoras del equipo contable para justificar el origen de estos fondos terminaron por neutralizar los intentos de defensa ensayados inicialmente por el propio Presidente de la Nación.

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En el ámbito vecinal del Barrio Cerrado Indio Cua, el funcionario mantiene una postura de confrontación frente a los residentes que registraron imágenes fotográficas de las remodelaciones exteriores de la parcela en litigio. Los canales de comunicación comunitarios **reflejan las quejas del jefe de Gabinete**y su apelación al poder de influencia política para intervenir ante manifestaciones opositoras en los accesos al predio. Las protestas sociales motorizadas por agrupaciones ligadas a Juan Grabois a finales de marzo derivaron en el despliegue permanente de efectivos de las fuerzas de seguridad en un perímetro privado que ya cuenta con vigilancia propia.

El despliegue operacional de la Gendarmería Nacional contempla el envío de una patrulla permanente con relevos de dos efectivos por turno para custodiar de manera exclusiva las inmediaciones de la residencia remodelada. El traslado diario del ministro coordinador se realiza bajo estrictos protocolos de acompañamiento oficial, un beneficio logístico que genera rispideces entre los habitantes permanentes del country de la zona norte bonaerense. La utilización de recursos de seguridad pública para el resguardo de un perímetro residencial privado se sumó a las críticas administrativas que enfrenta el funcionario **en los tribunales de Comodoro Py.**

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La estrategia de contención diseñada por los asesores legales de la Casa Rosada prevé una entrega inminente de los formularios patrimoniales para intentar frenar el avance de las imputaciones por enriquecimiento ilícito. **Los reportes internos procedentes de las oficinas gubernamentales sugieren que la presentación formal del estado de bienes podría concretarse entre el viernes 29 de mayo y el lunes 1 de junio.** La efectividad de esta medida administrativa dependerá de la consistencia técnica de los datos declarados frente a un cúmulo de pruebas tecnológicas que ya se encuentran bajo custodia del juzgado federal.

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