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# 3 de Junio: el reclamo por Ni Una Menos vuelve a ocupar las calles en una movilización nacional

Este miércoles 3 de junio las organizaciones sociales, universidades y sindicatos reactualizan el grito colectivo iniciado en 2015. La agenda actual abarca desde la violencia económica hasta las fallas en los registros oficiales.

![Ni una menos](/download/multimedia.normal.9e46c767ada74d09.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp)

*Ni una menos*

Las principales plazas del país concentran este miércoles las **actividades de visibilización y protesta social en coincidencia con un nuevo aniversario del surgimiento de la agrupación Ni Una Menos.**Las columnas de manifestantes transforman**la jornada pública del 3J en una instancia profundamente política y pedagógica** destinada a denunciar que las agresiones machistas no han cesado en el territorio nacional. El paraguas de consignas de las organizaciones civiles utiliza la fecha de hoy para interpelar de forma directa a las estructuras del Estado, exigiendo la aplicación de presupuestos eficaces y el diseño de políticas públicas con perspectiva de género.

La conmemoración de este miércoles se enlaza de forma directa con la indignación comunitaria que modificó la historia del feminismo local a partir del asesinato de la adolescente **Chiara Páez** en la localidad santafesina de Rufino. Aquella primera marcha masiva del año 2015 forzó a los poderes públicos a reconocer la violencia de género como un conflicto estructural y político, abandonando la vieja catalogación judicial de los delitos privados. A más de una década de ese hito fundacional, las demandas colectivas mutaron desde la exigencia exclusiva de penas de prisión hacia un pliego de condiciones de reformas institucionales de fondo.

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El proceso de expansión de las consignas demostró su capacidad de articulación parlamentaria al ligarse con la**Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito bajo la premisa de la autonomía corporal**. Esta confluencia discursiva se tradujo en el tratamiento legislativo y la posterior sanción de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) durante el período parlamentario de 2020. La conquista de la norma de salud reproductiva reflejó cómo la plataforma inicial de Ni Una Menos extendió sus márgenes de representatividad hacia la conquista de derechos civiles fundamentales y la paridad de género en las listas electorales.

La agenda que se expone en las calles este miércoles incorpora de manera prioritaria el concepto de violencia económica, señalando la precarización laboral y la feminización de la pobreza como los principales motores de la vulnerabilidad social. **Los sindicatos y observatorios universitarios denuncian que las brechas salariales y la falta de acceso a la vivienda propia condenan a las mujeres y diversidades a permanecer en entornos familiares hostiles.**La exigencia actual se concentra en el desarrollo de redes de protección social específicas que permitan garantizar la independencia económica indispensable para interrumpir los círculos de agresión.

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El debate por las herramientas de protección estatal se produce en un escenario donde los registros de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema reflejan una caída en las causas en trámite. Los informes oficiales del máximo tribunal de justicia contabilizan **219 investigaciones por muertes violentas, arrojando una tasa de 0,85 víctimas directas cada 100.000 mujeres, equivalente a un deceso cada 44 horas.** No obstante, dependencias públicas como la Defensoría del Pueblo de la Nación marcan diferencias metodológicas en sus relevamientos semestrales, situando el índice de letalidad en una muerte violenta cada 35 horas.

Las estadísticas cruzadas entre el Poder Judicial y las agrupaciones de la sociedad civil exponen severas dificultades metodológicas para unificar los criterios de carga de los expedientes penales. Agrupaciones como **"Ahora Que Sí Nos Ven"** señalan que las comisarías y fiscalías del interior del país no aplican de manera homogénea las figuras de femicidio o transfemicidio, generando problemas de subregistro legal. La fragmentación de las bases de datos de los ministerios de seguridad e instrucción criminal impide contar con un sistema nacional centralizado que procese alertas tempranas eficientes para salvar vidas.

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El impacto indirecto de la violencia machista expone registros críticos sobre el estado de orfandad que atraviesan los hijos menores de edad de las víctimas directas de los crímenes. Los archivos históricos del Observatorio**"Adriana Marisel Zambrano"**detallan que entre**2008 y 2020 un total de 4.430 niñas, niños y adolescentes sufrieron la pérdida de sus madres por causas violentas.**Solo en las bases de datos oficiales de la provincia de Buenos Aires se constata que 263 menores quedaron sin tutela familiar directa por femicidios durante 2023, sumando decenas de nuevos ingresos a los programas de reparación estatal en los meses posteriores.

La movilización de este 3 de junio revalida la vigencia de la consigna**"Ni Una Menos, vivas nos queremos"** en un contexto de profunda tensión por el control de las partidas presupuestarias destinadas a la prevención. A pesar de los avances normativos que introdujo la Ley Micaela en materia de capacitación obligatoria para los funcionarios públicos, las organizaciones denuncian la persistencia de estereotipos corporativos arraigados en los tribunales ordinarios. La resolución de la crisis de violencia estructural permanece sujeta a la remoción efectiva de las resistencias judiciales que continúan obstaculizando el acceso pleno a la justicia penal.

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