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title: "Municipios andinos y mineras locales resisten el intento de monopolio energético de BHP"
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description: "Iglesia, Jáchal y mineras locales defienden el acceso abierto a la red de 500 kV frente al beneficio de exclusividad solicitado por BHP en San Juan."
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date_published: "2026-06-21T12:20:00-03:00"
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author_name: "REDACCIÓN"
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category_name: "Política"
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# Municipios andinos y mineras locales resisten el intento de monopolio energético de BHP

Departamentos sanjuaninos y yacimientos competidores defienden el acceso abierto a la red de alta tensión frente al pedido de exclusividad de BHP y el respaldo de la Casa Rosada.

![Corte de Energía en Madryn](/download/multimedia.normal.85a8ba52543bd8d5.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp)

*Corte de Energía en Madryn*

Las comunidades de Iglesia y Jáchal, en conjunto con los equipos técnicos de los yacimientos metalíferos Veladero, Hualilán y Los Azules, consolidaron un bloque de resistencia civil e institucional para frenar el intento de privatización encubierta del sistema de transporte eléctrico regional. Las estructuras locales rechazan de forma tajante las condiciones operativas que el consorcio Vicuña pretende imponer sobre la nueva línea de muy alta tensión de 500 kV que unirá San Juan con La Rioja. La operadora, constituida por el holding internacional **BHP** y la firma **Lundin Mining**, exige el derecho de exclusividad sobre la potencia incremental del tendido con el argumento de ser la principal aportante económica de la infraestructura, una postura que encendió las alarmas de todo el sector productivo de la cordillera.

El conflicto escaló a los despachos nacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tras la filtración de un documento de respaldo explícito emitido por la Jefatura de Gabinete de la Nación a favor de los intereses corporativos. El funcionario **Manuel Adorni** convalidó por escrito ante el Congreso de la Nación las demandas del grupo multinacional, justificando el otorgamiento prioritario de un bloque de 260 MW sobre la red de interconexión eléctrica andina. Esta intromisión del poder político centralizado vulnera de forma directa las potestades de fiscalización del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), alterando las normativas históricas que garantizan el desarrollo equitativo de las industrias regionales.

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La controversia sectorial mantiene en una situación de extrema debilidad institucional a las autoridades del organismo regulador federal, cuya capacidad de arbitraje independiente quedó bajo sospecha tras el alineamiento del**Ejecutivo Nacional con la minera privada.** Las entidades provinciales cuyanas manifestaron sus reparos durante la última audiencia pública no vinculante, advirtiendo que subordinar un insumo público crítico a las necesidades de una única corporación paralizará las inversiones de los competidores medianos. Los equipos legales de los proyectos mineros locales argumentan que el principio de acceso abierto al sistema eléctrico constituye una garantía jurídica básica que el Estado Nacional no puede vulnerar mediante presiones políticas o decretos excepcionales.

En los despachos mineros de San Juan se aguarda con desconfianza la inminente resolución técnica de la entidad nacional, un dictamen que según las estimaciones del sector se formalizará durante las próximas semanas de este invierno. El precedente sentado por los respaldos escritos de la Jefatura de Gabinete incrementó los temores de un**fallo favorable al consorcio de capitales extranjeros**, desestimando de plano las actas presentadas por los intendentes de las comunas cordilleranas. Los sectores damnificados sostienen que la convalidación de este beneficio comercial sentará un antecedente peligroso para la administración de los recursos energéticos en toda la Patagonia, promoviendo un esquema donde la capacidad de transporte se asigne por peso financiero y no por criterios de desarrollo estratégico.

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La agresiva estrategia de presión desplegada por la operadora en las provincias andinas argentinas contrasta de forma drástica con el plan de reestructuración corporativa y desinversión logística que la misma firma ejecuta en el mercado de Chile. **En el vecino país transandino, la minera inició la liquidación total de sus redes de transporte de energía con el propósito explícito** de desprenderse de sus activos no esenciales para acumular liquidez líquida inmediata. El bloque de infraestructura puesto a la venta abarca aproximadamente 1.000 kilómetros de líneas de transmisión de alta tensión, un paquete de activos técnicos cuyo valor de mercado se estima en unos US$ 1.500 millones de dólares.

La venta de las instalaciones de distribución eléctrica chilenas comprende el tendido que abastece a yacimientos de escala global en el desierto del norte, entre los que destacan los complejos mineros de Escondida, Spence y Cerro Colorado.**Esta maniobra de desinversión copia fielmente el diseño financiero que el grupo económico implementó con éxito en el mercado de Australia**, donde se desprendió de los activos logísticos estables para concentrar el grueso de sus inversiones operativas en la extracción pura de mineral de cobre. Los analistas internacionales señalan que la empresa busca maximizar su exposición al mineral crudo para capitalizar de forma directa el incremento de la demanda ligado a los procesos de electrificación urbana y transición energética mundial.

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La red de transmisión chilena genera un marcado interés entre grandes fondos de pensión, inversionistas institucionales y **corporaciones globales del sector energético tradicional**debido a que las líneas cuentan con un consumo interno asegurado por contratos mineros a largo plazo. Esta solidez en los ingresos convierte a los tendidos de alta tensión en un segmento sumamente atractivo para la captación de capitales, permitiendo a la minera desprenderse del control de los cables sin afectar el funcionamiento de sus yacimientos de cobre. La paradoja corporativa expone que mientras en Chile la empresa promueve la desmonopolización y apertura de los sistemas eléctricos, en la Argentina exige el control exclusivo de los tendidos públicos.

La resolución del conflicto por los 260 MW de potencia de la línea **San Juan-La Rioja**resultará determinante para establecer la viabilidad técnica y financiera del ecosistema productivo de la cordillera argentina en el mediano plazo. Las observaciones presentadas por los representantes de los departamentos locales recalcan que las ampliaciones energéticas deben contemplar las necesidades del conjunto de las comunidades y no solo las proyecciones de rentabilidad de las firmas transnacionales. La falta de un marco regulatorio que se mantenga independiente de las presiones de las casas matrices arriesga la sustentabilidad de los proyectos de menor escala que planificaban su inserción en la red de alta tensión.

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Las firmas locales que operan en los yacimientos secundarios de la provincia advierten que la concentración del transporte eléctrico en manos del **consorcio Vicuña condicionará el crecimiento industrial de la región cuyana por las próximas décadas.**El desenlace de la puja institucional mantiene en vilo a las áreas de planificación de las provincias cordilleranas, las cuales observan cómo las decisiones estratégicas de infraestructura se definen de forma unilateral en los despachos porteños. El sostenimiento de las economías regionales depende de que el dictamen final preserve el estatus público del tendido, impidiendo que el insumo básico para la minería quede bajo el arbitraje exclusivo de los directorios de las grandes corporaciones transnacionales.

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