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title: "Un banco deberá indemnizar a una jubilada estafada por un falso plazo fijo"
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description: "La Justicia ordenó indemnizar a una jubilada víctima de phishing y responsabilizó al banco por controles insuficientes ante operaciones sospechosas."
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tags:
  - "Banco Provincia"
  - "ciberseguridad"
  - "home banking"
  - "jubilada"
  - "justicia"
  - "La Plata"
  - "phishing"
  - "plazo fijo"
author_name: "REDACCIÓN"
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category_name: "Policiales"
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# Un banco deberá indemnizar a una jubilada estafada por un falso plazo fijo

**La Justicia de La Plata anuló operaciones, ordenó devolver el dinero descontado y aplicó una multa de $5 millones por fallas de seguridad.**

![Plazo Fijo](/download/multimedia.normal.8cf1e098b5b1f1ea.UGxhem8gRmlqb19ub3JtYWwud2VicA%3D%3D.webp)

*Plazo Fijo*

Una consulta por Facebook sobre un plazo fijo terminó en una causa judicial que responsabilizó a un banco por no activar controles suficientes frente a una maniobra de phishing. La víctima, una jubilada docente bonaerense, había intentado comunicarse con la entidad durante 2020 para renovar una inversión y terminó entregando datos a personas que se hicieron pasar por operadores bancarios. **El Juzgado Civil y Comercial N.º 16 de La Plata declaró la nulidad de las operaciones y ordenó indemnizarla.**

La sentencia puso el foco en la seguridad del sistema financiero, no solo en el engaño cometido por terceros. Los estafadores obtuvieron acceso a las cuentas de la mujer, gestionaron un préstamo a su nombre y realizaron transferencias hacia cuentas ajenas. **La Justicia entendió que el banco debía responder por las fallas en sus mecanismos de prevención, monitoreo y bloqueo de operaciones sospechosas.**

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La damnificada cobraba sus haberes a través de una cuenta del **Banco Provincia** y buscaba información para renovar un plazo fijo. Ante las dificultades para comunicarse por teléfono, recurrió a Facebook y creyó estar usando un canal oficial de la entidad. Poco después recibió una llamada de una persona que se presentó como empleado bancario y que aportó información personal suficiente para ganar su confianza.

El dato que marcó la vulnerabilidad del caso apareció en el relato de la propia mujer. Según declaró en la demanda, **“el supuesto empleado conocía datos como su nombre, apellido, DNI, profesión y sucursal bancaria”**. Esa información previa le dio apariencia de legitimidad al contacto y facilitó que la víctima continuara con llamadas y mensajes por WhatsApp bajo la creencia de que realizaba una gestión bancaria real.

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Los estafadores le indicaron que debía completar un trámite en un cajero automático para renovar el plazo fijo. Allí le pidieron ingresar determinados números, imprimir comprobantes y enviar fotografías de la información obtenida. **La maniobra aprovechó la confianza creada durante el contacto telefónico y trasladó a la jubilada a un canal operativo donde los delincuentes pudieron capturar datos sensibles.**

El fraude quedó al descubierto cuando la mujer ingresó más tarde a su home banking. Allí encontró movimientos que nunca había autorizado, entre ellos un préstamo por **$264.000** y un adelanto de haberes por **$9.000**. También comprobó que casi todo ese dinero había sido transferido a terceros, con operaciones por $100.000 y $44.000 hacia una cuenta vinculada a **A.F.**, y otros $100.000 y $44.000 hacia una cuenta perteneciente a **S.B.**

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La jubilada presentó un reclamo ante la sucursal, pero diez meses después el banco lo rechazó. La entidad sostuvo que las operaciones se realizaron con claves correctas y que la clienta había habilitado las transacciones al proporcionar información necesaria para operar por canales electrónicos. **El banco argumentó que las credenciales son personales y que su resguardo corresponde exclusivamente al titular de la cuenta.**

La defensa de la entidad también remarcó que la mujer era usuaria habitual del home banking, que conocía el funcionamiento del sistema y que había aceptado los términos y condiciones del servicio. Ese argumento buscó trasladar la responsabilidad hacia la víctima. **El juzgado, sin embargo, valoró la pericia informática y concluyó que el caso no podía reducirse a un error individual de la usuaria.**

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La prueba técnica fue central para definir la responsabilidad. La pericia determinó que la maniobra comenzó con un ataque de **phishing**, una modalidad en la que delincuentes captan información sensible simulando representar a una organización legítima. Además, el informe destacó que, una vez obtenidos los datos de la víctima, **“el sistema informático del banco no activó mecanismos suficientes para detectar o bloquear operaciones sospechosas”**.

El especialista también señaló deficiencias más amplias en la estructura de control. Según el informe, **“el sistema no ofrecía un nivel de seguridad pleno y que carecía de medidas de control adecuadas para garantizar la confianza de los usuarios”**. La pericia ubicó esas fallas en un contexto particular: el crecimiento de los delitos digitales durante la pandemia y el uso masivo de canales remotos para operar con bancos.

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La sentencia anuló las operaciones cuestionadas, ordenó devolver el dinero descontado a la jubilada y aplicó una multa de **$5 millones por daño punitivo**. Esa sanción buscó castigar la conducta de la entidad y enviar una señal sobre el estándar de seguridad exigible a los bancos frente a fraudes digitales. **El fallo marca que el uso correcto de claves no alcanza para desligar a una entidad si sus sistemas no detectan movimientos anómalos.**

El representante legal de la víctima, **Marcelo Szelagowski**, vinculó el caso con una falta de inversión bancaria en protección digital. **“Está es una muestra más de que los bancos jamás han hecho las inversiones para estar a la altura de las protecciones necesarias contra la ciberdelincuencia. Con lo cual los jueces deben sancionar su conducta buscando las hagan en favor de los usuarios, como es este caso ejemplificador”**, sostuvo.

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La resolución deja una consecuencia que excede a esta jubilada. El fallo coloca sobre las entidades financieras una exigencia concreta: reforzar controles, monitorear operaciones atípicas y responder cuando el sistema permite que una estafa avance sin freno. **El límite pendiente estará en si los bancos ajustan sus mecanismos de seguridad antes de que nuevas víctimas deban llegar a la Justicia para recuperar su dinero.**

Fuente: NA.

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