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title: "Modificaron por decreto el cálculo de los aportes sindicales por un acuerdo con la CGT"
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description: "El Gobierno modificó el cálculo de cuotas sindicales por decreto tras acuerdo con la CGT. La norma amplía base para incluir sumas remunerativas."
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date_published: "2026-07-22T14:45:00-03:00"
date_modified: "2026-07-22T14:49:53-03:00"
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  - "CGT"
  - "convenios colectivos"
  - "Diego Santilli"
  - "gobierno nacional"
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author_name: "REDACCIÓN"
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category_name: "Política"
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# Modificaron por decreto el cálculo de los aportes sindicales por un acuerdo con la CGT

**La nueva norma amplía la base de cálculo de las cuotas solidarias para incluir sumas remunerativas, revirtiendo una reglamentación que la central obrera había objetado.**

![Los cuestionamientos sindicales se sostuvieron tanto en el plano local como en los foros internacionales.](https://lu17.com/download/multimedia.normal.a1fe6ab443e37126.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp)

*Los cuestionamientos sindicales se sostuvieron tanto en el plano local como en los foros internacionales.*

El acuerdo para modificar el régimen de aportes sindicales fue el resultado de negociaciones políticas reservadas entre la cúpula de la **CGT** y el **Poder Ejecutivo**. Por el Gobierno intervinieron el jefe de Gabinete, **Diego Santilli**; el presidente de la Cámara de Diputados, **Martín Menem**; y el asesor presidencial **Santiago Caputo**. Del lado gremial participaron activamente **Gerardo Martínez** (UOCRA), **Cristián Jerónimo** (SEIVARA) y **Jorge Sola** (Seguro).

El conflicto se originó con el **Decreto 407/2026**, impulsado en el marco de la reglamentación de la reforma laboral. Dicha norma había establecido que la base para calcular las cuotas solidarias sería únicamente el salario básico convencional. La **CGT** consideró este criterio restrictivo al entender que reducía significativamente los recursos de las organizaciones sindicales.

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Además del impacto financiero, la central obrera sostuvo que la redacción del decreto original generaba una fuerte incertidumbre jurídica. Según advirtieron, la medida obligaba a renegociar centenares de convenios colectivos de trabajo. Esto abría la posibilidad de una extensa judicialización de los acuerdos laborales que se encontraban vigentes.

Para resolver la controversia, el **Gobierno nacional** publicó el **Decreto 612/2026** en el **Boletín Oficial**. La nueva norma introduce cambios en la reglamentación de la **Ley 27.802 de Modernización Laboral**. Tras el análisis de las alternativas se buscó un texto de consenso que finalmente fue validado por los distintos sectores.

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El principal cambio flexibiliza el régimen de aportes y contribuciones previstos en los convenios colectivos. La nueva reglamentación amplió la base de cálculo de las cuotas solidarias y otros aportes convencionales. Ahora se incorporan las sumas remunerativas normales, habituales y de percepción mensual, en lugar de solo el salario básico.

Por otra parte, el decreto excluyó del límite del **2%** a los aportes y contribuciones efectuados por los empleadores. Esta excepción aplica a los fondos con destino a fines sociales, asistenciales, previsionales o culturales. La condición es que dichos fondos sean administrados y documentados de manera diferenciada.

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El proceso de diálogo comenzó con una instancia de intercambio técnico antes de pasar al plano político. En esta primera fase, funcionarios del **Gobierno** se reunieron con los abogados de la **CGT**. Los letrados, entre ellos **Marta Pujada** y **Marcelo Cassia**, acercaron observaciones y propuestas de modificación sobre la reglamentación.

Con las modificaciones introducidas, el oficialismo buscó desactivar un escenario de conflicto con la principal central sindical. El objetivo era preservar la vigencia de los convenios colectivos y evitar una escalada. Esta negociación se produjo en momentos en que avanza la implementación de la reforma laboral aprobada por el **Congreso**.

La decisión de modificar la reglamentación fue el resultado de una serie de negociaciones mantenidas con la conducción cegetista. El texto final quedó plasmado en el **Decreto 612/2026**, publicado oficialmente. Esta normativa modifica así el controvertido **Decreto 407/2026** sobre el financiamiento sindical.

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