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title: "Un fallo judicial ordena a las provincias y municipios financiar obras del fondo FISU"
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description: "Por un fallo judicial que frenó la disolución del Fondo de Integración Socio Urbana, el Gobierno dispuso que los gobiernos locales asuman el financiamiento."
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date_published: "2026-09-23T09:41:00-03:00"
date_modified: "2026-09-23T09:41:32-03:00"
tags:
  - "gobierno nacional"
  - "Javier Milei"
  - "Justicia Federal"
  - "municipios"
  - "obras públicas"
  - "provincias"
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author_name: "REDACCIÓN"
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category_name: "Política"
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# Un fallo judicial ordena a las provincias y municipios financiar obras del fondo FISU

**Una medida cautelar frenó la disolución del FISU. El Gobierno dispuso que los gobiernos locales asuman el costo de los proyectos en curso.**

![Fondo de Integración Socio Urbana (FISU). Foto Infobae](https://lu17.com/download/multimedia.normal.8134150342d9a353.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp)

*Fondo de Integración Socio Urbana (FISU). Foto Infobae*

El Gobierno Nacional aprobó un plan de acción para que las obras en curso en barrios populares sean asumidas por las provincias y los municipios, en cumplimiento de una orden judicial que frenó la disolución del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU). La decisión fue instrumentada este **miércoles** a través de la **Resolución 209/2026**, publicada en el **Boletín Oficial**.

El nuevo esquema establece que los gobiernos locales deberán hacerse cargo del financiamiento total de las obras con fondos propios. La ejecución de los proyectos requerirá la participación, el acuerdo y la coordinación previa con las **provincias**, la **Ciudad de Buenos Aires** y los **municipios** involucrados.

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En caso de que las jurisdicciones locales rechacen o no puedan asumir el costo de las obras, la continuidad con fondos nacionales se determinará de forma **“restrictiva y fundada”**. Para ello, se evaluarán tres factores: el grado de avance físico del proyecto, el interés público comprometido y la disponibilidad de recursos presupuestarios del Estado nacional.

La medida se enmarca en un proceso de reordenamiento administrativo que comenzó con una auditoría de la **Sindicatura General de la Nación (SIGEN)** sobre el **FISU**. Dicho informe había detectado falencias generalizadas, como incumplimientos de plazos y demoras en las rendiciones de cuentas que generaron sobrecostos.

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Ante esos hallazgos, el Gobierno había dispuesto la disolución del fideicomiso mediante el **Decreto 312/2025**. Sin embargo, el proceso fue interrumpido por la **Justicia Federal** en el marco de un amparo promovido por el **Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)** y otras entidades, lo que obligó a la administración de **Javier Milei** a garantizar la continuidad de la política de integración socio urbana.

Por otra parte, la nueva normativa dispone que, ante irregularidades del ente ejecutor o del contratista, se verificará si se aplicaron correcciones. De persistir las faltas, se gestionará el recupero de los fondos aportados y se podrá resolver el convenio por culpa del ejecutor, notificando a las provincias para que evalúen asumir la obra sin asistencia financiera.

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El informe de la **SIGEN** también reveló la adquisición de terrenos inadecuados, incluyendo predios cercanos a basurales y sin la debida tasación previa. Además, se identificó la adjudicación de obras a cooperativas que no acreditaron idoneidad ni antecedentes técnicos suficientes para llevarlas a cabo.

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