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author_name: "Sergio Bustos"
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category_description: "Investigaciones periodísticas del periodista Sergio Bustos, en la provincia de Chubut, Argentina. Detalles de casos relevantes en la historia nacional."
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# La Patagonia vuelve a reclamar una herramienta nacional que nació con el proyecto de Alfonsín

El Parlamento Patagónico reclamó en 2022 el restablecimiento de la **Comisión Nacional para la Promoción y Desarrollo de la Región Patagónica, conocida como CONADEPA**, con la intención de recuperar un ámbito nacional de coordinación de políticas para las seis provincias del sur. El pedido formó parte de una declaración aprobada en Santa Rosa, La Pampa, y fue llevado posteriormente a la Casa Rosada por representantes de las legislaturas patagónicas.

![Viedma y el proyecto de capital nacional](/download/multimedia.normal.bbcdb8fedcc15e37.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp)

*Viedma y el proyecto de capital nacional*

El planteo tenía un antecedente de casi cuatro décadas. La actual **CONADEPA**nació de una estructura creada en 1986 por el gobierno de **Raúl Alfonsín**, aunque originalmente tuvo otra denominación y estuvo estrechamente vinculada con el Proyecto Patagonia y la propuesta de trasladar la Capital Federal desde Buenos Aires hacia Viedma y Carmen de Patagones.

El origen se remonta al 15 de abril de 1986, cuando Alfonsín creó mediante el Decreto 527 la **Comisión Nacional para el Proyecto Patagonia y Capital**. La iniciativa formaba parte de un programa político más amplio que buscaba descentralizar el país, promover inversiones fuera del área metropolitana y convertir a la Patagonia en uno de los ejes del desarrollo argentino. Posteriormente, mediante el Decreto 201 de 1988, aquella comisión cambió su denominación, composición y objetivos para transformarse en la Comisión Nacional para la Promoción y Desarrollo de la Región Patagónica. El cambio quedó registrado oficialmente en marzo de ese año.

La creación del organismo estuvo directamente relacionada con el denominado Proyecto Patagonia. Alfonsín pretendía **trasladar la Capital Federal al área de Viedma, Carmen de Patagones y Guardia Mitre**como parte de una estrategia destinada a reducir la concentración política y económica en Buenos Aires. La iniciativa fue anunciada en abril de 1986 y posteriormente avanzó en el Congreso Nacional hasta convertirse en la Ley 23.512, sancionada el 27 de mayo de 1987 y promulgada el 8 de junio de ese año.

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La ley estableció que, una vez cumplidas las condiciones previstas, **la Capital de la República se instalaría en los núcleos urbanos ubicados en el área de Viedma, Carmen de Patagones y Guardia Mitre**. Además, vinculó el traslado con objetivos de integración territorial, equilibrio demográfico, descentralización administrativa, desarrollo patagónico y aprovechamiento de los recursos naturales.

Durante esos años también funcionó el **ENTECAP,** creado para avanzar en las obras y en la planificación de la nueva capital. El proyecto generó estudios urbanísticos, económicos, demográficos, ambientales y de infraestructura que buscaban preparar una nueva estructura administrativa y urbana en el Valle Inferior del río Negro.

Sin embargo, la crisis económica de fines de los años 80 modificó el escenario. El proyecto de traslado de la Capital quedó inconcluso y **el gobierno de Carlos Menem** terminó disolviendo el ENTECAP en 1989, en el contexto de la reforma del Estado y de la crisis económica que atravesaba el país. La Capital nunca dejó Buenos Aires y la iniciativa quedó como uno de los grandes proyectos inconclusos de la recuperación democrática.

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La estructura destinada al desarrollo regional, en cambio, tuvo una trayectoria diferente. La Comisión Nacional para la Promoción y Desarrollo de la Región Patagónica continuó figurando dentro de la administración nacional durante los años siguientes. En 1999, por ejemplo, **el gobierno de Menem estableció su sede en Comodoro Rivadavia**, con el argumento de acercar el organismo a la realidad económica y social de la región.

Incluso en el año 2000 el Estado nacional le asignaba funciones vinculadas con la formulación de estrategias y políticas para la **Patagonia**, la coordinación con gobiernos provinciales y municipales, la identificación de fuentes de financiamiento y la promoción de emprendimientos, obras, equipamientos y servicios regionales.

Ese recorrido explica por qué décadas después el **Parlamento Patagónico** volvió a reclamar la recuperación de la herramienta. El pedido no consistía solamente en recuperar una oficina nacional, sino en darle una estructura política regional que pudiera reunir a las provincias y coordinar proyectos ante el Gobierno nacional.

El reclamo fue aprobado en mayo de 2022 durante la primera sesión ordinaria del año del Parlamento Patagónico, realizada en Santa Rosa. El organismo reúne a representantes legislativos de **Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa**, las seis provincias que posteriormente formalizaron la Región Patagonia mediante el Tratado Fundacional firmado en 1996.

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En aquel documento, los legisladores propusieron que la **CONADEPA** estuviera integrada por los presidentes de los parlamentos patagónicos y los titulares de las áreas de Producción de las provincias. La intención declarada era convertirla en un instrumento para ordenar proyectos regionales, mejorar la conexión entre las provincias, impulsar el desarrollo económico y coordinar el aprovechamiento de los recursos naturales.

El documento incluyó además otros seis reclamos. Uno de ellos fue recuperar tarifas diferenciales para los **combustibles líquidos en la Patagonia**, bajo el argumento de que la región aporta recursos hidrocarburíferos al resto del país y enfrenta mayores distancias y costos de transporte.

También se reclamó un **Régimen de Promoción de Empleo Patagónico** que otorgara beneficios impositivos a quienes generaran nuevos puestos de trabajo. La propuesta buscaba establecer una herramienta regional de promoción laboral similar a los mecanismos diferenciados reclamados para otras regiones del país.

Otro punto fue la creación de una **Mesa Integral de Hidrógeno** para discutir políticas vinculadas con las energías renovables. El planteo adquiría especial importancia para una región que ya concentraba proyectos vinculados con energía eólica, hidrógeno y otros recursos energéticos.

Los legisladores también reclamaron la restitución de los reembolsos adicionales a las exportaciones realizadas por puertos y aduanas ubicados al sur del río Colorado. La medida había sido concebida como un mecanismo para compensar las **desventajas logísticas de la Patagonia**frente a los grandes centros productivos y, en 2022, el Parlamento buscaba que el Congreso retomara su tratamiento. El reclamo llegó incluso a la Cámara de Diputados mediante una recomendación formal del Parlamento Patagónico.

El sexto pedido económico y laboral apuntó a la creación de un régimen previsional diferencial para los trabajadores de la industria del pescado. El Parlamento sostuvo que las características de la actividad y la exposición a **agentes químicos, físicos y biológicos** justificaban un tratamiento específico para quienes trabajan en ese sector. La iniciativa figuraba entre los proyectos que los legisladores buscaban impulsar en el Congreso Nacional.

El último punto de la declaración estuvo relacionado con **la cuestión Malvinas.** Los representantes patagónicos plantearon sostener el reclamo de soberanía sobre las islas, mantener su presencia en la agenda pública y continuar con la vía diplomática para su recuperación.

El paso siguiente fue la reunión con Alberto Fernández. Los representantes del Parlamento Patagónico se reunieron con el entonces presidente el **19 de mayo de 2022**en la Casa Rosada. Allí plantearon la necesidad de reactivar la comisión nacional y discutieron también cuestiones vinculadas con combustibles, reembolsos por exportaciones, promoción del empleo, infraestructura y conectividad. Según la información oficial de aquel encuentro, la **CONADEPA** llevaba más de dos décadas sin sesionar.

La historia de la comisión permite ubicar aquel reclamo dentro de un proceso mucho más extenso. La idea de contar con una política nacional específica para la Patagonia surgió en los años de la recuperación democrática, **se vinculó inicialmente con el ambicioso intento de trasladar la Capital Federal** y luego sobrevivió como organismo dedicado al desarrollo regional, con distintas modificaciones institucionales y funciones.

La propia integración política de la Patagonia también avanzó por otro camino. En 1996, los gobernadores de L**a Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego** firmaron en Santa Rosa el Tratado Fundacional de la Región Patagonia. El acuerdo reconoció al Parlamento Patagónico como expresión de la voluntad integradora de las legislaturas provinciales y estableció como objetivo fortalecer las autonomías provinciales, coordinar políticas y sostener beneficios diferenciales para equilibrar la región.

De esta manera, el pedido de 2022 volvió a conectar dos procesos que habían comenzado por separado: por un lado, la construcción de una institucionalidad regional entre las provincias patagónicas; por otro, la búsqueda de una herramienta nacional capaz de articular esa agenda con el Estado argentino.

Casi cuarenta años después del **Proyecto Patagonia** de Alfonsín, la discusión ya no pasaba por mudar la Capital Federal a Viedma. El planteo era otro: recuperar un ámbito nacional que permitiera a las provincias patagónicas sentarse en conjunto frente al Gobierno nacional y discutir políticas sobre producción, empleo, energía, infraestructura, transporte, exportaciones y recursos naturales.

La historia de la **CONADEPA** muestra así cómo una estructura creada durante uno de los proyectos de descentralización territorial más ambiciosos de la democracia argentina terminó convertida, décadas después, en uno de los reclamos institucionales del Parlamento Patagónico. La propuesta de 2022 buscaba volver a darle una herramienta común a una región que, desde los años 80, viene intentando transformar su peso territorial y sus recursos en una mayor capacidad de decisión dentro del esquema federal argentino.

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