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title: "La oposición relaciona la ciudadanía por inversión con la derogación de la Ley de Tierras"
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description: "Oposición vincula ciudadanía por inversión con derogación de  Ley de Tierras y la adquisición de propiedades. Oficialismo destaca controles."
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date_published: "2026-10-05T07:25:00-03:00"
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author_name: "REDACCIÓN"
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# La oposición relaciona la ciudadanía por inversión con la derogación de la Ley de Tierras

**Oposición vincula ciudadanía por inversión con adquisición de tierras; oficialismo destaca estrictos controles para evitar lavado de activos.**

![Agustin Rossi junto a Florencia Carignano](https://lu17.com/download/multimedia.normal.8ab66bd0bed162e1.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp)

*Agustin Rossi junto a Florencia Carignano*

Legisladores opositores relacionaron el Programa de Ciudadanía por Inversión con la derogación de la Ley de Tierras, cuestionando que la iniciativa permitiría el acceso a la propiedad de tierras rurales. Esta discusión se produce pocos días después de que la Corte Suprema dejara vigente la derogación de la Ley de Tierras, impulsada por el DNU 70/2023.

El programa, presentado por el Gobierno durante la Argentina Week en París, contempla la posibilidad de solicitar la ciudadanía mediante un aporte no reembolsable de **US$350.000** al Tesoro Nacional o la suscripción de un título público por **US$800.000**. Las solicitudes comenzarán a recibirse durante el **cuarto trimestre de 2026**.

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La diputada de Unión por la Patria, **Florencia Carignano**, cuestionó que el programa no exija residencia permanente ni una inversión concreta en el territorio argentino. Según su interpretación, este mecanismo podría facilitar el acceso a la propiedad de tierras, sorteando las restricciones vinculadas a la adquisición por parte de extranjeros.

**Agustín Rossi** también criticó el esquema y lo presentó como un atajo para eludir las limitaciones sobre la adquisición de tierras. El dirigente opositor sostuvo que **«Una ciudadanía comprada se convierte en un atajo»**.

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Desde el oficialismo, sin embargo, remarcan que la ciudadanía no se concede automáticamente por realizar el aporte económico. El Gobierno sostiene que la iniciativa busca atraer capital extranjero y cada solicitud estará sujeta a una rigurosa evaluación individualizada, incluyendo la verificación de identidad, antecedentes y situación financiera de los postulantes.

El proceso de evaluación incorpora la participación de organismos clave como la SIDE, la UIF y los ministerios de Seguridad e Interior, con procedimientos específicos para detectar riesgos asociados al lavado de activos y financiamiento del terrorismo. El Ejecutivo defiende que el programa integra controles exhaustivos antes de aprobar cada solicitud.

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En paralelo, un sector de la oposición impulsa una sesión en la Cámara de Diputados para el **15 de octubre** con el objetivo de avanzar sobre el DNU 70/2023. El artículo **154** de este decreto derogó la Ley 26.737, la cual protegía el dominio nacional sobre las tierras rurales y establecía límites para la propiedad de extranjeros.

Un proyecto ya ingresado en Diputados, con expediente **5217-D-2026**, propone derogar dicho artículo y restablecer la plena vigencia de la Ley 26.737. La iniciativa fue girada a las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Agricultura y Ganadería.

El régimen anterior, que la oposición busca reinstaurar, establecía un límite del **15%** para la titularidad extranjera de tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal. Además, fijaba un tope del **30%** dentro de ese porcentaje para personas de una misma nacionalidad, y contemplaba límites específicos para determinadas superficies y zonas estratégicas.

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