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title: "Impulsan cambios en desalojos y expropiaciones con una nueva ley de Propiedad Privada"
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date_published: "2026-10-13T20:08:00-03:00"
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tags:
  - "Cámara de Diputados"
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  - "DNU 70/23"
  - "La Libertad Avanza"
  - "legislación"
  - "Ley de Tierras"
  - "política"
author_name: "REDACCIÓN"
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# Impulsan cambios en desalojos y expropiaciones con una nueva ley de Propiedad Privada

**El oficialismo en Diputados impulsa un proyecto para agilizar desalojos (72 horas), limitar indemnizaciones por expropiación y flexibilizar la Ley de Tierras.**

![Cámara de Diputados.](https://lu17.com/download/multimedia.normal.b514cf818c840841.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp)

*Cámara de Diputados.*

Un proyecto de ley que debate el oficialismo en la Cámara de Diputados establece que un juez podrá intimar la devolución de un inmueble en un plazo de **72 horas** a pedido de su propietario. Para ello, el dueño deberá presentar la prueba documental que acredite su titularidad sobre el terreno, vivienda o campo en cuestión. La medida forma parte de una acción a favor de sujetos con derecho legítimo afectado por ocupación de locatarios, sublocatarios, tenedores precarios e intrusos.

Esta modificación está incluida en el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya cuenta con media sanción del Senado y volverá a ser tratado este **miércoles a las 16 hs** en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General. La iniciativa fue incluida por el oficialismo en el temario de la sesión convocada para el **21 de octubre**, junto a otras propuestas sobre Discapacidad y sobreendeudamiento familiar.

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En un trámite exprés, el oficialismo buscará incorporar al texto una versión “light” de la Ley de Tierras Rurales. Según trascendió, el dictamen de La Libertad Avanza respetaría los límites del **15%** de tope a la extranjerización a nivel nacional, provincial y departamental, pero eliminaría el tope de **1.000 hectáreas** en las zonas núcleo del país.

La estrategia responde a un giro pragmático del Gobierno, que busca quitarle incentivos a la oposición para derogar el decreto **70/23** en la sesión del jueves. Aunque el oficialismo está filosóficamente en contra de las restricciones a la compraventa de tierras a extranjeros, reconoció que era una batalla perdida socialmente y que su insistencia ponía en riesgo la totalidad del **DNU**.

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Por otra parte, la iniciativa propone cambios en el régimen de expropiaciones, estableciendo que la declaración de utilidad pública deberá aplicarse de manera restrictiva y con una fundamentación clara por parte del Estado. El proyecto señala que **«pueden ser objeto de expropiación los bienes convenientes o necesarios para la satisfacción de la ‘utilidad pública’»**, sin importar su naturaleza jurídica.

En cuanto a las indemnizaciones, el monto se determinará por el valor objetivo del bien y no por valores afectivos o ganancias hipotéticas. Se fijará un tope del **30%** de indemnización por lucro cesante si está debidamente acreditado, a diferencia del proyecto original que no incluía porcentajes. Además, la tasa de interés a pagar será la del Índice de Precios al Consumidor (**IPC**) del **INDEC** sumado a la tasa del Banco Nación a treinta días.

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El proyecto también detalla el procedimiento para desalojos por falta de pago. Tras la intimación, los inquilinos dispondrán de un plazo de al menos **10 días** para regularizar sus deudas antes de que el locador pueda iniciar la acción judicial. La notificación se considerará válida incluso si el locatario se negara a recibirla, y la resolución judicial podrá habilitar **«el uso de la fuerza pública en caso de necesidad»**.

Además, se estipula un protocolo de vulnerabilidad que otorga un plazo máximo de **10 días** para asegurar una alternativa habitacional transitoria cuando en la ocupación haya menores, personas con discapacidad o adultos mayores desamparados. El proyecto también contempla una **“ocupación temporánea anormal”** por **90 días** en circunstancias graves como emergencias sanitarias o desastres naturales.

Finalmente, la iniciativa modifica la ley **“Pierri”** de regularización dominial. Los cambios permitirán que las familias que acrediten una posesión pacífica, ostensible y continua durante los **10 años** anteriores puedan acceder a la escritura de su vivienda única y permanente.

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