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title: "Polémica en Córdoba por la compra de viagra para presos: El tribunal exige explicaciones"
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description: "El Gobierno provincial destinó fondos públicos a la compra de Sildenafil. El Ejecutivo afirma que fue por indicación médica y no con fines recreativos."
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date_published: "2025-06-13T17:57:00-03:00"
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tags:
  - "Córdoba"
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  - "presos"
  - "Tribunal de Cuentas"
author_name: "REDACCIÓN"
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category_name: "Policiales"
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# Polémica en Córdoba por la compra de viagra para presos: El tribunal exige explicaciones

![Tribunal de cuentas de Córdoba](/download/multimedia.normal.a05abdaf6cdbc976.bm9ybWFsLndlYnA=.webp)

*Tribunal de cuentas de Córdoba*

**El vocal del Tribunal de Cuentas de Córdoba, Beltrán Corvalán, denunció la compra de Sildenafil por parte del Gobierno provincial para internos del Servicio Penitenciario.** El medicamento, conocido comercialmente como Viagra, apareció detallado en una factura oficial correspondiente al mes de abril de 2024. **La misma incluye además otros insumos médicos como cremas, anticonceptivos y shampoo anticaspa.**

**Corvalán, representante del Frente Cívico, calificó la situación como “escandalosa”** y cuestionó el uso de recursos estatales para adquirir este tipo de productos. El funcionario difundió la denuncia a través de medios locales y redes sociales, donde manifestó “estupor” ante lo que considera una administración irresponsable del presupuesto sanitario.

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**La denuncia generó repercusiones inmediatas en el plano político e institucional,** obligando al Gobierno provincial a brindar aclaraciones públicas. Desde la administración cordobesa explicaron que**la compra del medicamento fue avalada por profesionales médicos y que no responde a usos recreativos.** Argumentaron que se trata de un tratamiento específico para patologías graves.

**Ariel Salari, jefe del Departamento de Sanidad del Servicio Penitenciario de Córdoba, afirmó que el Sildenafil se prescribe en casos de hipertensión pulmonar.** Se trata de una condición médica compleja que requiere seguimiento médico continuo. El funcionario aclaró que los pacientes afectados reciben atención en hospitales públicos y que las recetas se emiten conforme a protocolos establecidos.

El Gobierno provincial sostuvo que**la adquisición del medicamento se enmarca en las obligaciones constitucionales de garantizar el derecho a la salud.** Señaló que el acceso a tratamientos no puede restringirse por el contexto de encierro de los pacientes. Recordó que las personas privadas de libertad conservan derechos fundamentales que deben ser respetados por el Estado.

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**La factura cuestionada incluye también otros productos que forman parte del esquema habitual de atención médica**en unidades penitenciarias. Entre ellos figuran anticonceptivos, humectantes dermatológicos y artículos de higiene básica. **Los mismos son adquiridos a través de licitaciones centralizadas por el sistema de salud penitenciario.**

La polémica abrió un debate más amplio sobre los límites del gasto público en contextos de privación de libertad.**Algunos sectores reclaman mayores controles sobre las compras estatales,** mientras que organizaciones de derechos humanos insisten en el respeto al acceso universal a la salud, sin discriminaciones.

**Desde la oposición provincial se pidió la intervención de la Comisión de Legislación General para investigar el destino del presupuesto en cárceles.** Corvalán solicitó que se audite todo el circuito de compras y se identifiquen posibles responsabilidades administrativas o técnicas. Considera que la transparencia debe estar garantizada.

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El oficialismo, por su parte, defendió la actuación del Servicio Penitenciario y**calificó la denuncia como un intento de “polémica innecesaria”.** Remarcaron que el medicamento tiene usos médicos validados y que no corresponde estigmatizar a los pacientes por su condición de encierro. Advirtieron que el sistema carcelario debe ser humanizado y no demonizado.

**Especialistas en derecho penitenciario recordaron que negar tratamientos médicos en prisión puede constituir una violación de tratados internacionales.** El Pacto de San José de Costa Rica y la Convención Americana sobre Derechos Humanos obligan a los Estados a garantizar atención médica digna a toda la población bajo su custodia.

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