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title: "Un juez federal admite amparo indígena contra la disolución del INAFCI e INTA"
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description: "La Justicia de Rawson dio curso al reclamo de la comunidad de Laguna Fría y Chacay Oeste contra el decreto 462/25 de Milei, que eliminó organismos sin consulta."
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  - "Hugo Sastre"
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  - "pueblos originarios"
author_name: "Sergio Bustos"
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# Un juez federal admite amparo indígena contra la disolución del INAFCI e INTA

![hugo sastre](/download/multimedia.normal.86796dda8e88a5d5.bm9ybWFsLndlYnA=.webp)

*Hugo Sastre.*

El juez federal de Rawson, **Hugo Sastre aceptó la competencia para intervenir en el amparo presentado por la Comunidad Aborigen de Laguna Fría y Chacay Oeste contra el Estado Nacional**. El reclamo se dirige al decreto 462/25 del presidente Javier Milei, que dispuso la disolución del Instituto de Agricultura Familiar (INAFCI) y redujo el funcionamiento del INTA sin ningún tipo de consulta.

La decisión se conoció este lunes 18 de agosto, **luego del dictamen favorable del fiscal federal Fernando Gelvez.** Sastre declaró “admisible” el amparo y ordenó notificar al Estado Nacional, que ahora tendrá doce días hábiles para responder a la medida cautelar solicitada por la comunidad.

El planteo judicial fue ingresado la semana pasada y cuestiona que el decreto presidencial se haya aplicado sin respetar el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas, un principio consagrado en la Constitución desde 1994 y respaldado por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. En su presentación, **la comunidad sostuvo que la eliminación del INAFCI y las modificaciones sobre el INTA afectan de manera directa sus formas de producción y su vida cotidiana.**

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Desde la comunidad remarcaron que **“el derecho a la consulta previa es un derecho fundamental de los pueblos originarios”**y que la falta de participación en decisiones de esta magnitud vulnera garantías reconocidas a nivel nacional e internacional. La vía excepcional del amparo se justifica, según el fallo, por el impacto inmediato que generan estas medidas en los territorios de la meseta chubutense.

El INAFCI y el INTA han cumplido durante décadas un rol estratégico en la agricultura familiar, la asistencia técnica y el acompañamiento de comunidades que dependen de la producción ovina y de actividades tradicionales. **Su disolución, sostienen los referentes indígenas, implica un retroceso en políticas que garantizan la subsistencia de familias enteras** en zonas rurales.

La admisión del amparo en Rawson representa un primer paso en la disputa judicial que podría frenar la aplicación del decreto. **Sastre reconoció la legitimidad de la Comunidad Mapuche Tehuelche para cuestionar la decisión presidencial**, un punto central en la estrategia de las organizaciones originarias para hacer oír su voz frente a reformas adoptadas sin diálogo.

En paralelo, tres comunidades de Cushamen impulsaron un amparo similar ante el Juzgado Federal de Esquel, donde el expediente se encuentra pendiente del dictamen fiscal.**Si ese tribunal avanza en la misma línea, la controversia podría escalar hasta instancias superiores** y poner en discusión el alcance real de las facultades delegadas en la ley “Bases”.

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La resolución también vuelve a poner en el centro la tensión entre el Gobierno nacional y los pueblos indígenas, que denuncian que ninguna de las reformas aplicadas a organismos vinculados a sus intereses contó con consulta previa. **En el caso del INAFCI y el INTA, se trata de instituciones que, más allá de la estructura burocrática**, sostienen proyectos productivos y sociales en territorios donde el Estado suele estar ausente.

El fallo de Sastre no resuelve el fondo de la cuestión, pero abre un camino judicial que obliga al Ejecutivo a dar explicaciones y defender su decreto en los tribunales. **El plazo de doce días corre a partir de la notificación**y marcará la primera reacción oficial ante un reclamo que puede sentar precedentes.

El trasfondo político no es menor: la disolución de organismos históricos en nombre de la reestructuración estatal encuentra resistencia en distintos sectores. **En este caso, la novedad es que la resistencia se traduce en una acción judicial protagonizada por comunidades originarias que exigen respeto a sus derechos colectivos.**

La causa de Rawson, junto con la de Esquel, **podría transformarse en un test para medir hasta dónde las reformas decretadas bajo la ley “Bases” resisten un control de constitucionalidad** cuando afectan directamente a sectores con protección especial. Las comunidades aseguran que no buscan privilegios, sino el cumplimiento de garantías reconocidas desde hace tres décadas.

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