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Se trata de Alberto Vargas, quién habría pedido 300 mil dólares a un empresario para aprobar el final de obra de un hotel en Pirámides.

La denuncia es de septiembre de 2018 formulada por el propio empresario, y con los elementos recolectados en la investigación, el último viernes, se procedió al allanamiento de su vivienda particular en busca de documentación.

Mañana martes a las 10.30, será la audiencia de formulación de cargos para con el ex funcionario de la gestión Buzzi.

El «tráfico de influencias» está penado por la ley y de encontrarse culpable, le cabría una pena que va de 1 a 6 años de prisión además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

El fiscal general de Puerto Madryn, Daniel Báez, dijo que la imputación es inusual aunque existen elementos que comprometerían a Vargas y a una mujer que habría oficiado de intermediaria, identificada como Marcela Montero.

Les habrían solicitado el monto para «comprar voluntades» en el Concejo Deliberante de Pirámides, y aprobar el final de obra.

Vargas había sido nombrado en marzo de este año como Jefe de Programa de Formulación de Proyectos, más el adicional de Tareas Activas Permanentes, en la Municipalidad de Trelew.

A partir de los allanamientos, dieron de baja el nombramiento.

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