ABREN INVESTIGACIÓN POR VIOLAR UNA ORDEN DE ALEJAMIENTO
La Justicia Penal investiga a un empleado municipal de la capital provincial por desobedecer una orden impuesta por la jueza de familia Daniela Pino.
La Justicia Penal de Rawson abrió una nueva causa contra un hombre que desobedeció una orden de alejamiento.
La medida había sido dictada por la jueza Daniela Pino para proteger a su ex pareja.
El imputado, un empleado municipal de 31 años, se presentó en la casa de su ex pareja el miércoles pasado.
La prohibición de acercamiento establecía un radio de 300 metros por un plazo de 180 días.
La mujer llamó a la Policía al ver que el hombre había llegado a su domicilio en la calle Florentino Menéndez.
Aunque no hubo violencia verbal o física, el hombre fue detenido por el delito de desobediencia.
La Fiscalía considera a la desobediencia como una afectación directa a la administración de Justicia.
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La abogada de la fiscalía, Silvina Nicholson, presentó como pruebas el acta policial y el llamado realizado por la mujer.
También se incluyó la resolución judicial que estableció la orden de alejamiento vigente hasta enero próximo.
La defensa, a cargo de Damián D´Antonio, cuestionó la intervención de la Justicia Penal.
El defensor calificó la detención como desmedida y solicitó un debate sobre las competencias judiciales.
“Mi asistido solo fue a entregar un carrito a su hijo”, argumentó D´Antonio.
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La abogada Nicholson refutó los argumentos, afirmando que la violencia incluye afectaciones psíquicas y emocionales.
“La mujer se sintió hostigada, amenazada e intimidada”, explicó Nicholson.
La fiscalía citó convenciones internacionales que protegen la integridad y derechos de las mujeres.
La jueza Laura Martini aceptó el pedido de abrir un debate sobre las competencias de la Justicia Penal y de Familia.
Martini también resolvió avanzar con la investigación por el delito de desobediencia.
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El caso genera interrogantes sobre los límites entre las jurisdicciones penales y de familia en este tipo de situaciones.
El imputado no tiene antecedentes penales, pero enfrenta una posible sanción por desobedecer una orden judicial.
La investigación tendrá un plazo de seis meses para determinar las responsabilidades y posibles sanciones.
Este caso reaviva el debate sobre la coordinación entre diferentes esferas judiciales en contextos de protección.