"NO SABEMOS SI ESTÁ VIVO", ADVIERTEN SOBRE NAHUEL GALLO

“Un tribunal argentino exige que se respeten los derechos humanos”, destacó Gustavo Castiñeira, presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. La acción tiene como objetivo principal garantizar información confiable sobre el gendarme Nahuel Gallo, cuyo estado es una incógnita. Hasta el momento, no se ha recibido ninguna comunicación oficial por parte del gobierno venezolano.

El tribunal solicitó datos concretos a Interpol y a la Cancillería Argentina. “No recibimos ninguna respuesta oficial sobre su situación actual ni sobre las condiciones en las que se encuentra”, afirmó el magistrado. La ausencia de información verificada genera preocupación tanto en el ámbito judicial como en la familia de Nahuel.

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“No sabemos si está vivo”, advirtió Castiñeira con contundencia. La falta de información transparente por parte de las autoridades venezolanas viola derechos humanos fundamentales establecidos en tratados internacionales. Este tipo de omisiones vulnera no solo los derechos del detenido, sino también los de su familia y allegados.

Existen tratados internacionales que garantizan la vida, la integridad física y la dignidad de todas las personas. “El derecho a la vida es el primero y más básico reconocido por todas las convenciones internacionales sobre derechos humanos”, enfatizó Castiñeira. Estos principios fundamentales están protegidos y respaldados por organismos multilaterales a nivel mundial.

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El tribunal también pidió conocer la identidad del juez o autoridad que interviene en el caso. “Ni siquiera hay evidencia de que existe una causa judicial abierta o que se hayan cumplido los procedimientos legales correspondientes”, declaró Castiñeira. Esta falta de transparencia genera dudas sobre la legitimidad del proceso en curso en Venezuela.

“La independencia judicial es esencial para cualquier sistema democrático”, agregó. La situación actual refleja problemas profundos en el sistema judicial venezolano y su aparente subordinación al poder político. Esta dependencia compromete la capacidad del país para garantizar justicia de manera imparcial.

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“Ante un tribunal internacional, este acto tiene pleno valor jurídico y refuerza la legitimidad de nuestro reclamo”, afirmó el magistrado. Organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos están en condiciones de recibir y analizar la exhortación presentada. Esto agrega un peso adicional al reclamo argentino en el ámbito internacional.

“El fallo argentino tiene más peso que un pedido diplomático, ya que está respaldado por fundamentos jurídicos sólidos”, explicó. La rigurosidad con la que se llevó a cabo el proceso judicial refuerza la credibilidad y la efectividad de la acción tomada. La justicia argentina actuó dentro del marco legal establecido y con plena transparencia.

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El caso pone en evidencia las falencias estructurales del sistema judicial venezolano. “Se cuestiona profundamente la independencia del sistema judicial frente al poder estatal, lo cual afecta la confianza en el proceso”, sostuvo Castiñeira. Garantizar contacto familiar y acceso a asesoramiento jurídico básico es prioritario en situaciones como esta.

“Cualquier tribunal internacional consideraría este reclamo irrefutable, ya que cumple con los requisitos legales y éticos de las normas internacionales”, aseguró el magistrado. Las leyes internacionales respaldan la acción de Argentina y refuerzan su intención de proteger los derechos fundamentales. El derecho a la información, al contacto y a la asistencia legal es inalienable en estos casos.

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“El fallo refleja la seriedad y el compromiso que requiere un caso de esta magnitud”, destacó Castiñeira. Esto incluye asegurar los derechos humanos básicos del detenido y exigir una respuesta clara e inmediata.

Organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos podrían intervenir si no se obtienen respuestas. “Esperamos que Venezuela cumpla con las normas internacionales y garantice la transparencia necesaria en este caso”, afirmó. Cada día sin respuesta aumenta la preocupación y la incertidumbre sobre el destino de Nahuel.

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“El caso requiere una acción inmediata por la gravedad de la situación y por la falta de garantías mínimas”, enfatizó Castiñeira. La transparencia, la justicia y el respeto por los derechos humanos deben ser prioridad para todos los Estados involucrados. La inacción de Venezuela podría tener consecuencias legales y diplomáticas.

El reclamo argentino exige respuestas concretas sobre el estado y las condiciones de Nahuel. “Queremos que se informe de manera clara sobre Nahuel y sus condiciones actuales para garantizar su seguridad y su integridad”, reiteró el juez. El derecho internacional es una herramienta poderosa en la protección de los derechos humanos.

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“Mantengamos la esperanza de que se logre una respuesta rápida y satisfactoria”, concluyó Castiñeira. La lucha por los derechos humanos no admite demoras ni excusas, ya que cada minuto cuenta. La justicia argentina marcó un precedente importante en defensa de la dignidad y la vida.