GOLPE A LOS BLOQUEOS SALVAJES DE CAMIONEROS

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 3 de la Capital Federal fijó las fechas del juicio. Las audiencias se realizarán el 5 y 12 de junio de 2025.

Los acusados son Omar Pérez, Omar Dutrá y otros tres dirigentes del Sindicato de Camioneros. Enfrentan cargos por extorsión en grado de tentativa contra la pyme Andar Transportadora.

El bloqueo ocurrió en julio de 2020 en el depósito de Villa Soldati. Según la Justicia, no existía justificación legal para la acción gremial.

Florencia Arietto, abogada de la empresa, solicitó que las audiencias sean televisadas. Argumentó que la transparencia es fundamental para que el público conozca los hechos.

Arietto vinculó a Hugo Moyano como autor mediato de las acciones. Aunque el juez no avanzó contra Moyano, la abogada planea seguir investigando su rol.

El fiscal Ignacio Mahiques calificó las acciones como un intento de extorsión. Señaló que los sindicalistas intentaron despojar a la empresa de su patrimonio.

El bloqueo se extendió por más de cuatro horas. Participaron al menos 15 representantes gremiales identificados con el Sindicato de Camioneros.

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Alejandro Castell, dueño de Andar Transportadora, denunció los hechos en 2020. Su denuncia incluyó pruebas como grabaciones y registros de cámaras de seguridad.

El sindicato reclamaba una deuda inexistente. Según el fiscal, no hay constancia de dicho reclamo en los ministerios de Trabajo.

Los activistas intimidaron al dueño para exigir el pago. Incluso ofrecieron "cruzar información con la AFIP" como método de presión.

La elevación a juicio fue decidida por el juez Fernando Caunedo en 2022. Incluyó cargos más graves que los iniciales.

Los imputados enfrentan penas de hasta 10 años de prisión. El delito de extorsión en grado de tentativa es severamente castigado por el Código Penal.

El caso generó amplio debate sobre los bloqueos sindicales. Empresarios denunciaron extorsiones similares en otras pymes.

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El Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB) apoya a Castell. Esta organización trabaja para combatir las acciones abusivas de algunos gremios.

Las audiencias podrían sentar un precedente legal. La decisión del tribunal será crucial para futuros casos.

El juicio también pondrá en foco el rol de los sindicatos. Algunos analistas cuestionan las prácticas de presión gremial en el ámbito laboral.

El bloqueo de Andar Transportadora no fue un hecho aislado. Otros casos similares involucran a miembros del mismo sindicato.

Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola también enfrentarán juicio. Ambos están acusados de bloqueos contra otra pyme en San Nicolás.

Florencia Arietto busca que los empresarios conozcan sus derechos. La abogada asegura que muchos temen represalias al denunciar.

La investigación incluyó testimonios y pruebas contundentes. Se analizó el entrecruzamiento de llamadas y la identificación de participantes.

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El fiscal Mahiques destacó que los imputados actuaron de manera coordinada. La reunión en la sede del sindicato reforzó las sospechas.

Arietto planea avanzar contra Hugo Moyano después del juicio. Lo señala como la cabeza de una estructura de poder que utiliza los bloqueos como herramienta de presión.

La Justicia determinará si hubo abuso en el ejercicio de derechos sindicales. El artículo 10 del Código Civil prohíbe el ejercicio abusivo de los derechos.

Castell enfrentó inspecciones fiscales después del bloqueo. La AFIP revisó exhaustivamente sus balances sin encontrar irregularidades.

El empresario relató las presiones que sufrió. Sostuvo que los sindicalistas intentaron usar la intimidación para obtener beneficios económicos.

El caso podría marcar un antes y un después en la relación gremio-empresa. Los empresarios esperan que la Justicia actúe con firmeza.