TORRES OTAROLA CONDENADA A TRES AÑOS DE PRISIÓN

El tribunal compuesto por los jueces Marcela Pérez Bogado, José Luis Ennis y Carlos Richeri condenó a Torres Otarola, exministra de Desarrollo Humano de Chubut, a tres años de prisión en suspenso. Además, se le impuso inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La sentencia incluye su culpabilidad por defraudación a la administración pública y exacciones ilegales.

La condena obliga a la exministra a cumplir diversas normas de conducta. Deberá mantener su domicilio, presentarse trimestralmente ante supervisión judicial y evitar el consumo de estupefacientes o abuso de alcohol. También se le prohíbe cometer nuevos delitos durante los tres años de la pena.

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Otros cuatro imputados en la causa también fueron condenados. Silvana Cañumil, Mara Lorena Rodera, Facundo Solari Rodera y Miguel Ángel Reto Trelles recibieron penas de dos años de prisión en suspenso. Al igual que Torres Otarola, quedaron inhabilitados de forma perpetua para ejercer funciones públicas.

La investigación reveló múltiples delitos atribuidos a Torres Otarola. Fue hallada responsable de cuatro hechos contra la administración pública y tres en perjuicio de particulares. Sin embargo, fue absuelta junto a Branco Rodera Neira en un octavo hecho por falta de pruebas concluyentes.

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El tribunal también absolvió a otros imputados en casos puntuales. Cañumil y Jaquelina Rodera quedaron absueltas en varios hechos debido a dudas razonables sobre su participación. Estas decisiones muestran la complejidad del caso y la diversidad de pruebas presentadas.

La causa “Cecilia Torres Otarola y otros P.S.A. Fraude a la Administración Pública” marcó un hito judicial en Chubut. Se investigaron maniobras de corrupción que involucraron fondos públicos y posibles beneficios indebidos para los acusados. Las penas impuestas buscan enviar un mensaje claro contra este tipo de delitos.

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El fallo también rechazó la solicitud de reparación económica planteada por las partes querellantes. Esto deja pendiente una resolución sobre los daños económicos causados al Estado. Las autoridades deberán evaluar alternativas para recuperar los fondos malversados.

La sentencia destaca la gravedad de los delitos cometidos. “Las penas buscan resguardar el interés público y prevenir futuros abusos", señalaron fuentes judiciales. La inhabilitación perpetua es un castigo significativo para quienes ocupaban cargos de responsabilidad.

La opinión pública sigue de cerca el impacto de este fallo. Muchos ciudadanos expresan indignación ante los hechos de corrupción, pero valoran la acción de la Justicia. Este caso podría marcar un precedente para futuros procesos similares en la región.