PETRO DECRETA EL ESTADO DE CONMOCIÓN INTERIOR EN COLOMBIA

La medida afecta principalmente al Catatumbo, el área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González, en el departamento del Cesar. Tras tres días de deliberaciones, el Gobierno tomó esta decisión para intentar controlar la violencia provocada por enfrentamientos entre el ELN y disidencias de las FARC.

El decreto habilita acciones extraordinarias hasta abril de 2025, incluyendo movilización de tropas y reasignación de recursos. Además, busca implementar programas sociales para mitigar el impacto en las comunidades locales. Desde enero de 2025, se han registrado 381 homicidios, 36.137 desplazados y 16.482 refugiados en albergues.

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El Catatumbo enfrenta una crisis humanitaria sin precedentes. “La violencia ha escalado a niveles críticos, y las comunidades viven en constante inseguridad,” afirma el decreto. También se han identificado riesgos para infraestructuras estratégicas, como el oleoducto Caño Limón-Coveñas, lo que podría generar una crisis energética.

Según datos del Simci, en 2023, el Catatumbo concentró el 63,3 % de los cultivos de coca de la región, alimentando economías ilegales que financian a los grupos armados. El Gobierno busca restringir el transporte y comercialización de bienes utilizados por estas organizaciones.

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Las medidas también incluyen la protección de derechos fundamentales y la atención a víctimas. Esto contempla la recuperación e identificación de cuerpos y garantizar servicios esenciales como salud, educación y agua potable.

La Política de Paz Total del Gobierno ha impulsado programas de sustitución de cultivos y economías legales, pero el decreto reconoce que estos esfuerzos han sido insuficientes. Señala la necesidad de cooperación internacional para financiar programas humanitarios y de estabilización.

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El impacto de la crisis también se refleja en el aumento del flujo migratorio hacia Venezuela. Entre el 17 y 19 de enero, 700 personas diarias cruzaron la frontera, aunque la cifra descendió a 400 personas en los días posteriores.

El Gobierno reafirma su compromiso con la implementación del acuerdo de paz firmado con las FARC-EP en 2016. Sin embargo, la Corte Constitucional declaró un estado de cosas inconstitucional en 2022 por el incumplimiento de garantías de seguridad para los firmantes del acuerdo y sus familias.

En los próximos días se esperan decretos reglamentarios que detallen las acciones del estado de conmoción interior. Estas medidas buscan restaurar la seguridad en una región clave para la estabilidad del país.