Río Negro avanza con una ley para cobrar salud y educación a extranjeros
La iniciativa impulsada por los legisladores Pica y López busca arancelar la atención médica y la educación terciaria para no residentes permanentes.
Un proyecto de ley presentado en la Legislatura de Río Negro propone que los extranjeros con residencia transitoria o precaria deban pagar por los servicios de salud y educación terciaria pública en la provincia. La medida fue elaborada por los legisladores de Juntos Somos Río Negro (JSRN), Lucas Pica y Facundo López, quienes argumentan que el objetivo es "garantizar calidad y eficiencia en los servicios para los rionegrinos permanentes".
"No se busca con esta iniciativa excluir a nadie, sino garantizar que el servicio de salud y de formación académica sea de calidad y eficiente para los rionegrinos", sostuvo Pica. El legislador también advirtió sobre el “turismo asistencial” de ciudadanos extranjeros, en su mayoría fronterizos, que cruzan la frontera para recibir atención médica o medicamentos “y luego regresan a su país de residencia”.
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El proyecto establece:
.Arancelamiento para residentes transitorios o con residencia precaria.
.Cobro por atención médica en hospitales, CAPS y puestos sanitarios.
.Cobro en institutos públicos terciarios por servicios educativos.
.Exclusión de situaciones de emergencia del sistema arancelado.
.Creación de un Fondo Específico para financiar gastos educativos y sanitarios, sin uso salarial.
"Primero los rionegrinos", enfatizaron Pica y López, y señalaron que el sistema de salud y educación “se encuentra presionado por una demanda creciente en un contexto de crisis financiera” que impacta en la capacidad de respuesta estatal.
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La iniciativa no es aislada, provincias como Salta, Jujuy, Mendoza, Santa Cruz y la Ciudad de Buenos Aires ya tienen normativas similares, y otros cinco distritos analizan propuestas en la misma línea.
Río Negro cuenta con 16 institutos técnicos superiores y 10 de formación docente continua, todos ellos de gestión pública. Según el proyecto, los fondos recaudados se destinarán a mantenimiento edilicio, compra de equipamiento y fortalecimiento del sistema educativo, sin afectar la planta salarial.
Los autores remarcaron que “la prioridad es garantizar un servicio público digno para los rionegrinos y rionegrinas” en un contexto donde los recursos son limitados.