Andrea Aguilera: “Nuestra provincia tiene mucho para trabajar en materia ambiental”
En una entrevista con #MODO17, la diputada provincial Andrea Aguilera advirtió sobre los impactos del cambio climático en todo el territorio chubutense. Sostuvo que no se trata solo de fenómenos naturales, sino de consecuencias directas de las acciones humanas. Subrayó que la legislación debe avanzar a la par de la crisis ambiental.
“Nuestra provincia tiene mucho para trabajar en materia ambiental”, afirmó y explicó que el deterioro afecta tanto a la costa como a la cordillera y que no hay zonas exentas. Para la legisladora, el cambio climático dejó de ser una posibilidad para convertirse en una realidad cotidiana.
La entrevista tuvo como eje la jornada de Derecho Ambiental impulsada por la Legislatura, el Ministerio Público Fiscal y la Escuela de Abogados del Estado. El encuentro propone una mirada jurídica y científica sobre los daños ecológicos. “Es imprescindible garantizar la aplicación del derecho en cuestiones nuevas como el cambio climático”, afirmó.
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Aguilera celebró la creación de la Mesa para el Cambio Climático dentro del ámbito legislativo. Dijo que ese espacio permite abordar el tema con sustento técnico y con articulación entre poderes. “Debemos construir políticas con base científica y sentido de urgencia”, señaló.
Uno de los ejes centrales será el debate sobre el ecocidio, figura que busca incorporarse al Código Penal. Se trata de un tipo penal que sanciona con dureza los daños ambientales provocados por negligencia o intención. “Estas acciones deben tener consecuencias concretas”, remarcó la diputada.
La jornada contará con la participación de fiscales como María Cecilia Bagnato, que intervino en incendios forestales, y María Florencia Gómez, reconocida por la causa Punta Tombo. También expondrán el subsecretario de Gestión Ambiental, Fernando Pegoraro, y el abogado Franco Gorini. “Es una mirada amplia que nos permite avanzar en algo nuevo, pero urgente”, expresó.
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Durante la charla, Aguilera recordó los eventos extremos sufridos en Comodoro Rivadavia y la zona cordillerana. Mencionó tormentas, inundaciones, incendios y erosión costera como parte del mapa de crisis. “Toda la provincia está siendo impactada de manera visible y constante”, declaró.
Insistió en que el rol de los operadores jurídicos debe ser activo y comprometido. Para ella, la defensa del ambiente no puede esperar reformas futuras. “El ambiente debe reconocerse como un bien jurídico colectivo que merece protección plena”, enfatizó.
También abordó la situación de Lago Puelo, donde ocurrió el primer incendio de interfaz en la provincia. Dijo que, aunque ya no estén en los medios, los problemas persisten y requieren seguimiento. “Después del desastre, los problemas siguen, aunque ya no sean noticia”, lamentó.
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En cuanto a las Áreas Protegidas, pidió especial atención sobre los espacios donde se realizan actividades productivas. Señaló que el impacto del cambio climático recae con fuerza sobre los sectores más vulnerables. “Las mujeres rurales sufren el doble golpe: económico y climático”, advirtió.
Valoró el compromiso del Poder Ejecutivo y del Judicial para avanzar en conjunto con nuevas propuestas. Recalcó la importancia de articular con universidades, instituciones científicas y comunidades locales. “Las soluciones deben ser colectivas y basadas en conocimiento territorial”, sostuvo.
Dijo que muchos de los eventos extremos podrían evitarse con planificación e inversión. Señaló que los incendios no solo dañan el ambiente, sino también las economías regionales y la salud pública. “Los costos del abandono ambiental se pagan en vidas y en recursos”, alertó.
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La diputada pidió avanzar con marcos normativos que permitan actuar y sancionar. Afirmó que la legislación debe dejar de estar en el papel y pasar al territorio. “Si las leyes no se aplican, no sirven”, sostuvo con firmeza.
También señaló que el cambio climático afecta la convivencia social y genera desplazamientos forzados. Mencionó casos de vecinos que debieron abandonar sus hogares tras desastres naturales. “Hay familias que no pudieron volver nunca más a su lugar”, explicó.
Pidió ampliar el debate a todos los sectores de la sociedad, no solo a especialistas y legisladores. Planteó que el ambientalismo no es exclusivo de los técnicos. “Cualquier persona tiene derecho a vivir en un ambiente sano y seguro”, subrayó.
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Finalmente, destacó que el gobernador Ignacio Torres acompaña las propuestas legislativas vinculadas al ambiente. Valoró que el tema se haya incluido entre los ejes de gobierno. “Nuestro objetivo es llevar adelante políticas eficientes con el acompañamiento de marcos jurídicos adecuados”, concluyó.